Ciudad de México • El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sí quiere la evaluación, pero en forma integral y no sólo para los docentes, aclaró la profesora Soraya Bañuelos, del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos de ese gremio.
En entrevista con Notimex explicó que los profesores sindicalizados son los primeros en estar de acuerdo y en exigir una valoración, pero pugnan porque incluya aspectos como los directivos, los materiales de trabajo, la infraestructura y los programas de formación continua.
En ese sentido aseveró que desde el 31 de mayo de 2011 se firmó un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sentido de que se realizará una evaluación integral, pero no prosperó porque el entonces encargado de despacho de esa dependencia, Rodolfo Tuirán, no lo puso en práctica.
Por eso en una reunión que mañana martes sostendrán integrantes del SNTE con el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, se planteará la necesidad de aplicar el acuerdo en los términos pactados.
Como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos del SNTE, Bañuelos de la Torre reiteró que los profesores nunca se han negado a ser valorados.
“Lo que queremos es que la evaluación sea integral, para que después la SEP diseñe las trayectorias de capacitación continua y ofrezca los cursos, tal como es su obligación”, aclaró.
La profesora explicó que en última instancia, el objetivo es mejorar la educación para los niños, pero no se puede hacer eso con una evaluación incompleta como la que se está planteando.
No se vale que sólo a los profesores se les evalúe porque se puede tener al mejor maestro del mundo, pero si sus materiales son deficientes y la infraestructura no funciona, no hay manera de que los niños aprendan mejor.
Planteó también la necesidad de que las valoraciones se hagan con instrumentos diseñados por maestros capacitados en conjunto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo y que, una vez conocidos los resultados, la SEP cumpla su obligación de ofrecer la capacitación.
El problema es que para todo ello se requieren recursos materiales y humanos y, por ejemplo, no hay presupuesto para establecer los programas de capacitación que se requerirán después de la evaluación.
Soraya Bañuelos descartó hacer un pronóstico sobre el tiempo que llevará aplicar el acuerdo en sus términos, si es que el secretario de Educación Pública accede a ello, pero sí implica presupuestos públicos, planeación y muchos recursos humanos.