Ciudad de México • Las acciones en materia de derechos humanos emprendidas por la presidencia Enrique Peña Nieto no responden a la gravedad de la situación en México, sostuvo este lunes Amnistía Internacional en una evaluación previa a los primeros 100 días del nuevo gobierno.
"Hay signos preocupantes de que este gobierno está fallando en dar la prioridad que se requiere a la protección de los derechos humanos", dijo en un pronunciamiento Javier Zúñiga, asesor de Amnistía Internacional.
En el texto, titulado "Peña Nieto: 100 días esperando avances reales en derechos humanos", la organización demandó en particular un "cambio en las políticas de seguridad para garantizar el fin de graves abusos, como tortura, malos tratos y desapariciones forzadas".
El gobierno de Peña Nieto, que el 10 de marzo cumple 100 días en el poder, debe demostrar un "rompimiento claro" con la anterior presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que, según Amnistía Internacional, se caracterizó por su falta de compromiso en derechos humanos y por la impunidad de responsables de abusos.
"Es momento de que este gobierno demuestre que está poniendo al respeto de los derechos humanos en centro de su agenda política y garantizar la participación de la sociedad civil", añadió el pronunciamiento.
El documento subrayó algunos avances como la aprobación de una ley de protección a las víctimas o el compromiso de México para responder a recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, pero consideró que no son suficientes.
Amnistía subrayó que ni el gobierno ni el Legislativo han presentado iniciativas para reformar el código de justicia militar, como lo demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El nuevo gobierno, según la organización, tampoco ha puesto en marcha acciones para mejorar las condiciones de seguridad de los inmigrantes centroamericanos que transitan por México hacia Estados Unidos ni para detener la violencia contra las mujeres.
El gobierno mexicano dio a conocer la semana pasada una base de datos en la que se reportan 26.121 personas desaparecidas en el anterior sexenio.
Sin embargo, organizaciones civiles criticaron que no se ofrecieron detalles suficientes para determinar qué casos fueron desapariciones forzadas o estuvieron ligadas con la ola de violencia ligada al crimen organizado que sacude desde hace años al país.
Distintas ONG han señalado que en el marco de la estrategia militar antidrogas que marcó al gobierno de Calderón se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos.