El consejo general votará si se aplica una multa de 124 mdp.
México • El IFE adquirió en 2009 un inmueble por más del doble del costo real para la ubicación del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado.
Tras cuatro años de investigación, la Contraloría General del IFE propone sancionar al ex director ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal, por haber estado vinculado directamente en una serie de irregularidades detectadas en la compra de un inmueble que el órgano electoral rentaba con anterioridad.
En la propuesta que será presentada ante el Consejo General se plantea inhabilitar por cinco años a Santos Madrigal, además de imponerle una sanción económica por 124 millones 634 mil 367 pesos, monto equivalente a los recursos que erogó el IFE de manera innecesaria.
De acuerdo con el expediente, del cual MILENIO tiene copia, Santos Madrigal incurrió en omisiones de información sobre el inmueble ubicado en Acoxpa 434 colonia Ex hacienda de Coapa, delegación Tlalpan, lo que generó que el órgano electoral designara recursos mayores a los que realmente fueron utilizados para la remodelación y compra de este inmueble.
Sin mencionar que para la compra del inmueble se realizaron tres distintos avalúos, en los que se incrementaba en por lo menos la mitad del valor del inmueble y que ocasionaron un daño al patrimonio por 119millones 671, que a su vez incrementaron los costos de diversos trámites y servicios involucrados en la compra de un inmueble.
A decir de la Contraloría General del IFE, el órgano electoral erogó más de 41 millones 783 mil pesos por el concepto de remodelaciones, previo a la compra de dicha propiedad, las cuales fueron realizadas por el entonces propietario.
El ex director ejecutivo ya había sido objeto de una investigación por presuntas irregularidades en la adecuación, por arriba de la norma interna, de una bodega del IFE ubicada en la avenida Tlahuac; sin embargo, en ese caso los consejeros electorales rechazaron por unanimidad la propuesta de la Contraloría General al considerar que no existió “daño patrimonial alguno de manera comprobable”.