Ciudad de México • El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Agraria que prohíbe la compraventa de las islas nacionales.
El dictamen que fue enviado al Senado indica, que el territorio insular representa el 3 por ciento del país, mismo que ha sido presuntamente ofertado por parte de empresas extranjeras y bufetes privados.
La exposición de motivos refiere que es necesario dar certeza a la jurisdicción federal sobre estas áreas, encaminando la protección desarrollo y, en su caso, debida concesión para el caso que beneficie a los núcleos de población.
Asimismo, plantea preservar el dominio de la Federación, a través del cuidado de la flora, fauna, recursos y soberanía de la zona económica exclusiva determinada por la Constitución Política.
Asegura que actualmente la Ley Agraria ampara la enajenación y desincorporación de los terrenos nacionales o baldíos del régimen federal, homologación que se considera incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma que la de territorio insular, en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.
Por ello, las reformas redundarían en el fortalecimiento de instrumentos que den certeza jurídica sobre aquéllos que no pueden ser transmitidos por ninguna clase de título en propiedad, ni puedan ser sujetos de explotación por personas o entidades extranjeras.
Al fundamentar el dictamen, la diputada de Partido Verde, Gabriela Medrano Galindo manifestó que la reforma busca proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar la soberanía nacional dentro del territorio insular mexicano.
“Es fundamental impulsar reformas que ayuden a salvaguardar la diversidad de especies de la vida silvestre”, subrayó.
Destacó que las islas mexicanas representan el 3 por ciento del territorio terrestre, albergan entre el 15 y 20 por ciento del total de especies de flora y fauna mundial; “y en los últimos años han tenido diversos conflictos relacionados con su propiedad, lo que representa una amenaza a su biodiversidad y a la soberanía nacional”.
Advirtió que empresas inmobiliarias de origen canadiense, estadounidense y europeo, comercializan por Internet islas mexicanas, lo que vulnera el mandato constitucional y al cual están sujetos estos territorios, provocando conflictos ambientales e incluso agrarios.
El problema radica en que la Ley Agraria permite la enajenación y la desincorporación del Régimen Federal de los terrenos nacionales y baldíos, “lo que pone en riesgo el aislamiento que por cientos de años han tenido estos territorios y ha permitido que especies que ahí habitan, sean aun más frágiles y vulnerables al impacto de las actividades humanas”.