El Congreso de Guerrero aprobó un punto de acuerdo relacionado con las movilizaciones de protesta de maestros de esa entidad.
Guerrero • En la primera sesión que sostienen en las instalaciones del Congreso del Estado, los diputados locales de Guerrero aprobaron un punto de acuerdo para instruir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se inicien las investigaciones por la comisión de los ilícitos que atenten contra la propiedad de bienes del dominio público, bajo el pretexto de la libre manifestación de maestros.
La propuesta del panista Marcos Efrén Parra Gómez generó un debate sobre la aplicación de la ley contra los profesores que se mantienen en la lucha contra la reforma educativa del gobierno federal.
En un primer inciso del planteamiento aprobado, se hace un exhorto al gobierno estatal y los 81 ayuntamientos, a efecto de que habiliten los espacios que permitan a los grupos de inconformes ejercer correctamente, y en apego a la legalidad sus derechos de manifestación, libertad de reunión y libre tránsito.
Se pidió que tanto el gobierno como los municipios implementen todas las medidas administrativas o legales, que faciliten el ejercicio de los derechos de ciudadanos inconformes sin perjudicar a terceros, como ocurre con el cierre de carreteras o toma de edificios públicos.
En segundo lugar, la propuesta del diputado Parra Gómez implica un exhorto para que se haga todo lo necesario para salvaguardar el interés público: “instruyendo a la PGJ para que se inicien las investigaciones que se formulen por la comisión de los ilícitos que atenten contra la propiedad de bienes del dominio público, bajo el pretexto de la libre manifestación”.
Y en tercer lugar se aprobó un llamado al Poder Judicial del estado, “para que instruya a los juzgadores competentes a que apliquen los artículos 201 y 202 del Código de Procedimientos Penales vigente, con la intención de implementar las causas penales, con motivo de los delitos antes narrados”.
Parra Gómez sostuvo que ya es tiempo de establecer condiciones ciertas para que la sociedad pueda ejercer su derecho a la manifestación, pero que se tenga el cuidado de mantener a salvo las garantías de quienes son completamente ajenos a sus reclamos.
De la polémica
La diputada local del PRD Avelina López Rodríguez, replicó la propuesta bajo el argumento de que muchas de las protestas son provocadas por el gobierno, ya que no resuelve muchos reclamos que derivan en conflictos sociales.
“Este Poder Legislativo no debe actuar como la Santa Inquisición; las cárceles están llenas y los problemas no se resuelven metiendo la gente a las cárceles”.
En todo caso, dijo que el gobierno debe asumir su compromiso de resolver las demandas para evitar las marchas y bloqueos.
El presidente de la Mesa Directiva, Antonio Gaspar Beltrán, llamó a defender la aplicación de la ley sin dar preferencia a los acuerdos políticos.
“Quienes están acostumbrados a manifestarse, hacer sus desmanes, desórdenes y bloqueos, ya están acostumbrados a que les levanten denuncias, como también están acostumbrados a que en las mesas de negociación se les retiren”, anotó.
Preguntó quién responderá por los daños cometidos a terceros, sin dejar de observar que Guerrero es de los estados más golpeados por la pobreza y marginación.
Pero anotó: “Yo estoy de acuerdo en que es la desatención; falta de profesionalismo o la atención inoportuna de los acontecimientos, lo que ha propiciado los escenarios en que nos hemos visto inmersos”.
El diputado del PT Jorge Salazar Marchan, calificó la propuesta de acuerdo como genérica, ambigua y retórica, “incluso, en la orden del día no le vi mayor importancia”.
Recordó que ya en el Congreso local se han dado varias intentonas para censurar el derecho a la manifestación, razón por la que dicho acuerdo era un intento más.
“Hay marchas porque no hay un gobierno con basamento ético para aplicar la ley”, sostuvo.
A quienes se pronunciaron por la aplicación de la ley, dijo que ya se ha visto que no existe capacitación para desalojar un grupo de manifestantes sin que haya excesos, y recordó el desalojo de la normal rural de Ayotzinapa.
Jorge Camacho Peñaloza, integrante de la bancada del PAN, defendió la propuesta de su compañero y señaló que hasta el momento, nadie puede censurar la aplicación de la norma, sobre todo cuando el derecho a la manifestación ha llegado ejercerse al extremo de perjudicar a terceros.