Pandilleros salvadoreños participan en la entrega de unas 267 armas de fuego a las autoridades hoy, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador
San Salvador • La "tregua" entre las principales pandillas de El Salvador cumplió hoy un año con una disminución de alrededor del 50 % de los homicidios, aunque persisten dudas y señalamientos sobre su transparencia y sostenibilidad.
Un grupo de pandilleros entregó hoy a las autoridades al menos 267 armas de fuego con motivo de este primer aniversario del pacto y de la declaración de Apopa, al norte de San Salvador, como el sexto "municipio santuario" o libre de violencia de maras.
La declaración de municipios libres de violencia comenzó en enero pasado y constituye la segunda parte de la "tregua", que está vigente desde el 9 de marzo de 2012 y consiste en que los pandilleros no se maten entre sí.
La "tregua" ha bajado de 68 a 26 por cada cien mil habitantes la tasa de homicidios en El Salvador, que así dejó de ser uno de los países más violentos del mundo, según el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
El funcionario ha reiterado a la prensa que los homicidios bajaron en alrededor del 50 % gracias al pacto entre la Mara Salvatrucha (MS) y la M18, en el cual el Gobierno sólo es un "facilitador", no un negociador, según el presidente Mauricio Funes.
Los asesinatos sumaron al menos 2.376 el año pasado, cuando entró en vigencia la "tregua", 1,995 menos que los 4,371 registrados en 2011, dijo Munguía Payés. Entre los períodos marzo-diciembre de 2011 y 2012 los homicidios bajaron de 3,697 a 1,761 (1,936 menos), añadió.
Con la "tregua", el promedio diario de homicidios bajó de 14 a 5.3 a finales del año pasado y ahora es de 6, por un "leve incremento" producto de "cadenas de venganzas" entre pandilleros, puntualizó Munguía Payés.
La "tregua" fue producto de la mediación del obispo castrense, Fabio Colindres, y del exdiputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Raúl Mijango, según el Gobierno, que niega haber negociado con los pandilleros.
Pero aún no se despejan las dudas sobre el trasfondo y la eficacia de ese arreglo entre la MS y la M18, que aglutinan la mayoría de unos 64 mil pandilleros que hay en El Salvador, según cálculos policiales.
"A un año de la 'tregua', todavía no veo yo bien clara una política criminal que vaya orientada a resolver de manera integral todo el tema de violencia", señaló hoy a periodistas el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna. "Estoy de acuerdo en que disminuyen los homicidios pero no se puede sólo confiar en la 'tregua'", remarcó Luna.
Una encuesta publicada el jueves por La Prensa Gráfica señaló que "el 55.2 % de los salvadoreños tiene una opinión negativa sobre la tregua; el 29.7 %, positiva", y que "el 79.5 % de la población tiene una opinión negativa de los pandilleros". El sondeo fue hecho por LPG Datos del 22 al 25 de febrero pasado, con un margen de error del 2.9 %.
Los resultados de la encuesta "indican que la realidad que experimentan a diario los salvadoreños es muy diferente a la que quiere proyectar el Gobierno a través de su negociación con las pandillas", aseveró el criminalista Carlos Ponce, un permanente crítico de la "tregua" desde su columna en El Diario de Hoy.
Hay un "peligroso monstruo que se esconde atrás de la 'tregua'" y las autoridades "atacan y descalifican a cualquiera que tenga una opinión o información que ponga en duda la existencia del espejismo que han fabricado", afirmó Ponce en su columna del viernes.
Pero al Gobierno y los mediadores les surgió un aliado inesperado el jueves, cuando el sacerdote de origen español Antonio Rodríguez se sumó a la "tregua", de la que era fuerte crítico, al grado de calificarla de "paz mafiosa".
El sacerdote, quien dirige un programa de rehabilitación de pandilleros, anunció su decisión después de que un expandillero colaborador suyo fuera asesinado y desconocidos asaltaran su dispensario médico, esta semana en Mejicanos, cerca de San Salvador.
Sin embargo, Rodríguez aseguró a la prensa que se sumó a la "tregua" no por amenazas o presiones, sino después de hacer "un análisis" y conocer "documentos confidenciales" sobre el éxito de ese pacto.