México • El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó un documento en el Congreso de la Unión para alertar sobre los riesgos de la reforma educativa, entre los que destaca que algunos de sus contenidos ponen en entredicho la rectoría del Estado en la materia, pues es clara la incidencia de organismos internacionales y proempresariales que buscan su privatización.
En el documento de 16 páginas, que fue entregado en la Cámara de Diputados y el Senado, el SNTE advierte sobre rubros como el fortalecimiento de la autonomía de gestión en las escuelas, con lo que se perdería la gratuidad en los centros educativos, además de que la evaluación a los docentes no garantiza diagnósticos efectivos.
Sin embargo, el gremio que encabeza Elba Esther Gordillo asegura que no será un obstáculo para el mejoramiento de la educación, y enfatiza que tampoco renunciará a tutelar los derechos de sus trabajadores.
El SNTE argumenta que en la recién aprobada reforma educativa existe la incidencia de organismos como la OCDE y Mexicanos Primero, cuya tendencia es buscar que la educación sea “un negocio”.
“La llamada reforma educativa satisface puntualmente las recomendaciones de la OCDE y las exigencias de una organización con claro sentido proempresarial. Con ello queda en entredicho la rectoría del Estado en materia educativa”, detalla.
Advierte que las modificaciones constitucionales no tendrán éxito sin la participación de los docentes, lo cual sustenta en recomendaciones de la misma OCDE y la UNESCO.
El gremio reitera que la evaluación a docentes debe ser integral y no sujetar sus resultados a la permanencia de los maestros en sus plazas laborales.
“Al no establecer el porqué y para qué evaluar, queda claro que la reforma no es integral ni garantiza que los diagnósticos hechos por el INEE tengan carácter vinculatorio. De tal forma que los resultados se verían reducidos a meras recomendaciones y no a acciones para mejorar la calidad de la educación. La evaluación articulada a la permanencia en el servicio presenta el riesgo de que, a través de un examen estandarizado, se rescinda la relación laboral del docente, sin responsabilidad para quien lo contrate”, advierte el texto.
Considera que los resultados de los alumnos no son totalmente atribuibles a sus maestros, pues se debe tomar en cuenta el índice de desarrollo humano que poseen en cada una de las entidades.
Otros de los argumentos del SNTE son respecto del riesgo de fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas y establecer el tiempo completo, pues para ello considera que se requieren más recursos que tendrían que solventar los padres de familia.
“Que el Estado delegue en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas, afectando los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación pública”.
El sindicato reitera que seguirá cooperando para el mejoramiento del sistema educativo.
“Ratificamos nuestro compromiso con el Estado y la sociedad; pero reclamamos, ni más ni menos, justicia laboral, social y profesional, respeto a nuestra dignidad como personas, ciudadanos, trabajadores y educadores. La lucha por una mejor escuela pública y la reivindicación de los profesionales de la educación, es la misma lucha”, finaliza.
Claves
Resistencia pacífica
El pasado 20 de diciembre, Elba Esther Gordillo convocó al magisterio a una “resistencia pacífica” contra el apartado en que se condiciona la permanencia de los maestros a que aprueben la evaluación.
Hasta ahora, el magisterio ha realizado volanteo y campañas de información en plazas públicas, pues su lideresa ordenó que no suspendieran clases.
Un día antes, la organización Mexicanos Primero dio a conocer que interpuso una demanda en el juzgado de distrito en materia administrativa del Distrito Federal contra el pago de comisionados del SNTE, al considerar que se trata de un “despilfarro” de recursos públicos.
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