Los agremiados del SNTE durante una marcha.
Ciudad de México • El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregó un documento al Congreso de la Unión en la que explica que el contenido de la reforma educativa pone en entredicho la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, pues es clara la incidencia de organismos internacionales y proempresariales que buscan la privatización del sector.
Sin embargo, el gremio que encabeza Elba Esther Gordillo advierte que no será un obstáculo para el mejoramiento de la educación, pero no renunciará a tutelar los derechos de sus trabajadores.
En un documento de 16 páginas, el SNTE expone sus argumentos contra la recién aprobada reforma educativa e insiste en que parte del contenido elimina la gratuidad de la educación.
“Basta revisar la extraordinaria similitud de las propuestas que, en estricto orden cronológico, presentan primero la OCDE, después “Mexicanos Primero”, y posteriormente el “Pacto por México” para ver el resultado final de reforma a los Artículos 3° y 73 Constitucionales en los temas de gestión educativa, sistema de información, evaluación educativa y Servicio Profesional Docente, y concluir que la llamada “Reforma Educativa” satisface puntualmente las recomendaciones de la OCDE y las exigencias de una organización con claro sentido proempresarial. Con ello queda en entredicho la rectoría del Estado en materia educativa”, detalla el documento.
Asimismo, el magisterio advierte las modificaciones al marco Constitucional no tendrán éxito sin la participación de los docentes, lo cual sustentan en recomendaciones de la misma OCDE y la UNESCO.
En el documento dirigido a Senadores y Diputados, el gremio reitera que la evaluación a docentes debe ser integral y no sujetar sus resultados a la permanencia en las plazas laborales.
“Al no establecer el porqué y para qué evaluar, queda claro que la Reforma no es integral ni garantiza que los diagnósticos hechos por el INEE tengan carácter vinculatorio. De tal forma que los resultados se verían reducidos a meras recomendaciones y no a acciones para mejorar la calidad de la educación. La evaluación articulada a la permanencia en el servicio, presenta el riesgo de que, a través de un examen estandarizado, se rescinda la relación laboral del docente, sin responsabilidad para quien lo contrate”, advierte el texto.
En este sentido, el gremio considera que los resultados de los alumnos no son totalmente atribuibles a sus maestros, pues se debe tomar en cuenta el índice de desarrollo humano que poseen en cada una de las entidades del país.
Otros de los argumentos que el SNTE ofrece a los legisladores son respecto del riesgo de fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas y establecer el tiempo completo, pues para ello, considera que se requieren más recursos que tendrían que solventar los padres de familia.
Ante sus señalamientos, el SNTE reitera que seguirá cooperando para el mejoramiento del sistema educativo, pero exige respeto a sus agremiados.
“Ratificamos nuestro compromiso con el Estado y la sociedad; pero reclamamos, ni más ni menos, justicia laboral, social y profesional…, respeto a nuestra dignidad como personas, ciudadanos, trabajadores y educadores. La lucha por una mejor escuela pública y la reivindicación de los profesionales de la educación, es la misma lucha”, finaliza el texto.