Tras las protestas contra el procurador general de Justicia del Estado de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, en la Secretaría de Gobernación, el miércoles pasado, cinco choferes que trasladaron a los manifestantes de regreso a esa entidad fueron aprehendidos, denunciaron los inconformes.
Ciudad de México • El grupo de ciudadanos de Aguascalientes que protestó el miércoles en la Secretaría de Gobernación contra el procurador estatal, Felipe Muñoz Vázquez, denunció que cinco operadores de autobuses que los trasladaron a la Ciudad de México fueron detenidos de manera arbitraria al regresar a la entidad.
Los inconformes dieron a conocer que se desconoce el paradero de los choferes a quienes detuvo un grupo de agentes de la Policía Ministerial, por lo que interpondrán una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El 27 de febrero pasado, cientos de habitantes de Aguascalientes marcharon del Monumento a la Revolución hacia la Segob para denunciar supuestos actos de abuso de autoridad, tortura y detención ilegal, perpetrados por personal bajo el mando del procurador Muñoz Vázquez durante operaciones contra la delincuencia.
Señalaron que interpusieron más de 50 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que “documentan” estos delitos.
Entregaron una carta en la Secretaría de Gobernación con el propósito de solicitar la intervención del titular Miguel Ángel Osorio Chong y pidieron que el gobierno estatal “respete las recomendaciones 4/2011, 19/2011, 9/2012 y 11/2012 realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Aguascalientes”, para que se respeten las garantías de la población durante los operativos anticrimen.
Señalaron que no se trata de defender delincuentes, sino de que sea respetado el derecho a la presunción de inocencia.
La manifestación fue encabezada por José Ángel Alvarado y su esposa Martha Moreno, quienes señalaron que su hijo José Alberto fue detenido el 26 de junio de 2012 por la Policía Ministerial.
Dijeron que los agentes lo inculparon de un secuestro, por lo que permaneció arraigado 30 días, periodo en el que, según ellos, fue torturado para declararse culpable, a fin de ser ingresado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.