La Paz • Tres soldados bolivianos acusados de ingresar ilegalmente a Chile regresaron hoy a su país tras la suspensión del proceso judicial en su contra, donde tuvieron una recepción con honores militares y en condición de héroes.
"Nuestros bravos soldados, héroes nuestros, supieron demostrar primero honestidad, porque no aceptaron la coima (soborno) que les ofrecieron los contrabandistas (..), demostraron templanza, valor y por sobre todo lealtad para con su Patria. Nuestros soldados, hoy héroes, han sido defendidos por el Estado (..) y jamás serán abandonados", dijo el comandante de las Fuerzas Armadas, general Edwin de La Fuente, durante la ceremonia en la que fueron recibidos los militares.
Una columna de honor militar escoltó a los tres soldados a una tarima instalada en el aeropuerto de Oruro, 230 km al suroeste de La Paz, para celebrar un acto en el que participaron ministros de Estado.
Los soldados, que viajaron en un avión del gobierno boliviano, en compañía de autoridades de ese país, dejaron Chile tras el acuerdo judicial alcanzado con la Fiscalía y ratificado hoy en una audiencia judicial.
El acuerdo estipuló que los tres soldados debían abandonar Chile de inmediato y no regresar en un año al país, según explicó el juez del tribunal de Pozo Almonte, a unos 1,900 km al norte de Santiago, en la audiencia que fue transmitida en vivo por medios locales.
"Reuniéndose los requisitos (...) y considerándose por el tribunal ajustado a derecho la suspensión condicional del proceso propiciada por la Fiscalía y aceptada libremente por los tres imputados, se aprueba esta suspensión condicional del procedimiento", dijo el juez del caso, Rodrigo Hernández.
La resolución no implicó la aceptación de culpabilidad por parte de los imputados. El acuerdo fue aceptado por los tres soldados bolivianos, Alex Choque, Augusto Cárdenas y José Fernández, quienes reafirmaron su inocencia en la audiencia a la que se presentaron vistiendo sus uniformes militares.
"Aceptamos ser liberados y somos inocentes", dijo Choque, el primero en ser consultado por el juez Hernández. Sus dos compañeros entregaron respuestas similares. El fin del proceso judicial fue saludado por el presidente Morales, que, no obstante, exigió al gobierno chileno pedir perdón a los tres imputados.
"Si ellos practican la integración o tienen interés de integrar Bolivia, el respeto de pueblo a pueblo, lo mejor que puede hacer el gobierno de Chile es pedir perdón de los tres soldados", dijo Morales en La Paz.
"De esta manera puedo entender que es un buen gobierno, un buen vecino, un gobierno que está dispuesto a trabajar de manera conjunta", agregó el mandatario, quien ha dicho que los tres soldados realizaban labores para evitar el contrabando.
Una fuente del gobierno boliviano dijo que los soldados serán recibidos el lunes por Morales en la casa de Gobierno en La Paz. El gobierno de Sebastián Piñera respondió: "Chile jamás va a pedir perdón por hacer respetar la ley, respetar los tratados y hacer respetar sus fronteras", dijo el vocero oficial en funciones, Mauricio Lob, en una intervención en el palacio de gobierno.
Antes, por medio de una declaración pública, el canciller chileno Alfredo Moreno explicó que el caso se extendió más de la cuenta por la falta de colaboración de las autoridades bolivianas y dijo que es responsabilidad de La Paz que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.
"Nadie puede pretender pasar de un país a otro ilegalmente ni menos portando armamento de guerra, ni menos disparando. Es responsabilidad de las autoridades bolivianas que esto no vuelva a ocurrir en el futuro", agregó el canciller.
El caso agregó tensión a la relación entre Bolivia y Chile, dos países que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, debido a la irresoluta demanda boliviana de recuperar la salida al mar perdida en una guerra librada a fines del siglo XIX.
El presidente Morales había calificado antes de "rehenes políticos" a los tres soldados y considerado su detención como "una venganza" de Piñera, por la persistencia del reclamo boliviano para recuperar su salida al mar. El gobierno boliviano estimaba que este caso merecía simplemente una respuesta diplomática.