Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, en la conferencia de prensa.
México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpondrá una denuncia penal y administrativa contra 21 funcionarios policiacos que participaron en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, incluidos Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, informó el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
En un informe especial sobre las irregularidades cometidas por esos servidores públicos el 9 de diciembre de 2005, durante la detención de Cassez, el titular de la CNDH indicó que los involucrados son 15 elementos de operación de la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy Policía Federal Ministerial), dos agentes del Ministerio Público y cuatro altos mandos.
Entre estos últimos destaca “el entonces titular de la AFI; el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; el entonces director general de Investigación Policial, y el entonces director de Operaciones Especiales, respectivamente”.
Aunque el ombudsman no los mencionó en la conferencia realizada este miércoles, se sabe que Genaro García Luna era titular de la AFI y Luis Cárdenas Palomino, director general de Investigación Policial, cuando se realizó el operativo en el rancho Las Chinitas, ubicado en el Distrito Federal, sobre la carretera vieja a Cuernavaca, Morelos.
Los ex funcionarios mencionados por la CNDH están involucrados en la violación de derechos humanos protegidos por diversos artículos de la Constitución y convenios internacionales.
Sin embargo, también se les imputan delitos como “ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia”, que solo el Ministerio Público tiene facultad para identificar y calificar, aseguró Plascencia Villanueva.
Aunque la CNDH anunció que presentará la denuncia, no dio a conocer los nombres de los involucrados. Su argumento fue “preservar el derecho a la presunción de inocencia”.
El ombudsman aseguró que estas conclusiones son producto de una indagatoria que incluye la recopilación y análisis de resoluciones del Poder Judicial, así como datos de medios de comunicación que dieron seguimiento al caso, además “de la valoración derivada del amparo directo en revisión 517/2011”, dado a conocer el 23 de enero en sesión pública.
La CNDH dirigió cinco propuestas a la PGR, entre las que destaca investigar las faltas cometidas por los 21 servidores públicos señalados y colaborar en la presentación de la denuncia para deslindar responsabilidades
También plantea medidas para reparar el daño a las víctimas de secuestro, aplicar un programa de educación en materia de derechos humanos para el personal de la PGR y que esa institución aplique las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas en el presente caso.
Asimismo, que las investigaciones se lleven a cabo hasta la total detención de los responsables.
Florence Cassez fue aprehendida por agentes de la AFI el 8 de diciembre de 2005; sin embargo, fue hasta el siguiente día, mediante una transmisión televisiva en directo, cuando se dio a conocer el caso a la opinión pública.
La francesa fue condenada el 4 de marzo de 2009 a 60 años de prisión por el delito de secuestro; sin embargo, fue liberada el 24 de enero pasado tras un análisis del caso en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los ministros fallaron entonces a favor de Florence Cassez a partir de la violación al debido proceso, pero no se pronunciaron por el fondo del asunto, es decir, por la inocencia o culpabilidad de la ciudadana francesa.
El titular de la CNDH recalcó que esto (la violación al debido proceso) implica un doble agravio a las víctimas: la que realizan los delincuentes y, luego, de los servidores públicos e instituciones, las cuales estaban obligadas a “garantizar acceso a la justicia para que los responsables de un delito enfrentaran las consecuencias prevista en la ley, pero propiciaron lo contrario”.
La CNDH reiteró que los involucrados en este caso “omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que prevé la Constitución y los estándares internacionales en la materia”.
Claves
Espera respuesta
En la conferencia, el ombusdman nacional señaló que “la impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre”.
También dijo que la impunidad “impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”.
Señaló que “urgente” que la PGR dé una pronta respuesta a la denuncia y a sus propuestas. “No tendría que ser más de unas cuantas semanas el tiempo que debería de transcurrir, dado que existe ya una sentencia muy clara de la Suprema Corte”.
