Washington • La desaparición del puesto de enviado especial estadounidense encargado de cerrar el penal de Guantánamo deja en entredicho la tan repetida promesa del presidente Barack Obama de acabar con un limbo legal y un experimento jurídico envuelto en secretos y acusaciones.
En la Base de Guantánamo, en territorio cubano, la sala del tribunal en que se preparan las comisiones militares contra supuestos miembros de Al Qaeda es un módulo prefabricado, de apariencia provisional, en el que, si no fuera por la seguridad, pocos dirían que se prepara el juicio a los presuntos responsables del mayor atentado de la historia estadounidense.
Mientas tanto, a pocos kilómetros, los módulos de la prisión en la que aún viven 166 reclusos son concienzudas edificaciones de hormigón reforzado, rodeadas de soldados y altísimas medidas de vigilancia que probablemente seguirán funcionando mucho tiempo.
El enviado del Departamento de Estado para el cierre de la prisión, Daniel Fried, fue reasignado esta semana a otras tareas y su puesto, pensado para liderar negociaciones diplomáticas con países dispuestos a recibir presos, no será retomado por nadie, algo que es visto como un nuevo revés a la promesa de cerrar el penal.
Fuentes de la administración Obama indicaron a Efe que esas funciones serán ahora competencia de la oficina legal del Departamento de Estado y que el cambio no "disminuirá" los esfuerzos de cerrar el presidio.
"En un simbólico paso hacia atrás, síntoma de una larga enfermedad de la que son responsables la Casa Blanca, el Congreso y los países aliados (de EE.UU.)", explica sin embargo a Efe el decano asociado de la facultad de Derecho de la American University, Steve Vladeck.
Obama comenzó su presidencia con la promesa de cerrar la prisión y juzgar a los sospechosos en tribunales federales, aunque en 2010 rechazó seguir persiguiendo su propuesta por las dificultades diplomáticas, judiciales y la oposición de los republicanos.
De los 166 reclusos de Guantánamo, 86 han recibido la aprobación para ser liberados, pero las trabas mencionadas lo impiden.
Fried, un diplomático respetado en Washington, llevaba años negociando la repatriación y la transferencia a cárceles de otros países de sospechosos capturados en la guerra contra el terrorismo islámico que inicio George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Cuando Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 aún quedaban cerca de 250 reclusos en este costoso penal aislado del mundo, por debajo del máximo de casi 700 presos que llegó a albergar en 2003.
Fried consiguió repatriar a 29 detenidos y cerró acuerdos con terceros países para que siguieran en régimen penitenciario otros 42, un proceso que lleva parado desde la pasada campaña electoral.
"Está claro que Washington no considera políticamente rentable traer presos a tribunales federales estadounidense", asegura Medea Benjamin, pacifista y autora del libro "Respuestas efectivas a guerras y terrorismo".
Para Vladick, los culpables en el retraso del cierre de Guantánamo son "Obama, por la falta de liderazgo; el Congreso y los republicanos, por obstruccionistas; y los tribunales federales por ser cortos de miras en algunos casos".
"La retirada del enviado es muestra de que vamos lentamente a ninguna parte", asegura Vladick, quien considera negativo para la imagen de EE.UU. que sigan sin garantías sobre su futuro personas contra las que no hay pruebas fehacientes.
Mientras tanto, esta semana las paredes prefabricadas de la sala de la comisión militar de Guantánamo acogieron una nueva vista preliminar en el proceso contra unos reclusos que pocos dudan que nunca verán la luz de la libertad: el autoproclamado cerebro del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y cuatro de sus cómplices.
Todos ellos, parte del grupo de 16 presos de "alto valor", fueron interrogados en prisiones clandestinas de la CIA antes de reaparecer en Guantánamo; de hecho, uno de ellos, Ammar al Baluchi, sobrino de Sheij Mohamed, está claramente representado en el papel del preso sometido a ahogamiento simulado al comienzo del film "Zero Dark Thirty".
Esta comisión militar, que podría condenarlos a muerte por el asesinato de casi 3.000 personas el 11S, lleva al extremo el celo por proteger la información secreta, lo que hace que estos procesos no dejen de encontrarse con obstáculos y trabas procesales.
El juez militar, John Pohl, se mostró esta semana escandalizado al descubrir que una mano oculta, de la que no tenía noticia y posiblemente vinculada a la CIA, censuró comentarios de un letrado de la defensa sin su consentimiento.
"Todas las veces que se inventa un tribunal desde cero, el experimento no funciona. El gobierno sabe que en el caso de Sheij Mohamed debe haber un juicio, lo que está por ver es si la historia lo juzgará como un proceso legítimo", advierte Vladick.