Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS (a la derecha), llamó a acatar el fallo.
México • Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, senadores del PRD, criticaron el fallo de la Suprema Corte en el caso del SME, al anunciar que van a proponer que el Senado sea enlace con el Ejecutivo para que les propongan opciones a las familias de los trabajadores que se quedaron sin empleo.
En entrevista, Barrales precisó que la próxima semana, como secretaria de la Comisión de Trabajo presentará la propuesta para que esta cámara se convierta en el enlace a fin de buscar alternativas de solución al conflicto del sindicato.
“Hay que abrir el espacio para abordar este tema y buscar en qué puede ayudar este nuevo gobierno a este gremio, que es importante y, sobre todo, que son muchas familias que quedan sin protección”, refirió.
Encinas comentó que el fallo de la Corte muestra que es un órgano subordinado a los designios del actual Ejecutivo y resaltó que “estamos en un momento grave, en que la Corte, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos han dado pasos para encubrir acciones que vulneran la ley y dañan a los mexicanos”.
El legislador sostuvo que con sus recientes fallos la Suprema Corte se “está convirtiendo en un tribunal de consigna”, pues particularmente en este caso es absurdo porque se daña en exceso a los trabajadores.
Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó que la Suprema Corte “se pasó de la raya” al actuar bajo criterios “legaloides” en su resolución contra el SME.
En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, puntualizó: “Se nos hace que la Suprema Corte se pasó de la raya al haber cerrado ya el caso, haber dicho que no hay patrón sustituto y que se dio pie en el mecanismo de desaparición de la empresa, o sea, ya la Corte le allana la plana al gobierno diciendo que el procedimiento es bueno”.
Cuestionó así el desempeño del Poder Judicial de la Federación no solo en el asunto del SME, sino también en el correspondiente a la liberación de Florence Cassez.
“La Corte lleva dos malas en los últimos días; algo está pasando, no sé si los astros se desalinearon o el centro magnético de la Tierra se alteró, porque el IFE, cometiendo tropelías y la Corte haciendo lo propio. La liberación de Cassez ha sido un caso realmente que ofende a muchos mexicanos por la forma en que la Corte resolvió y ahora dándole ya carpetazo al tema del SME”, remarcó.
Al respecto, el líder parlamentario del PAN, Luis Alberto Villarreal, remarcó que el de Luz y Fuerza es un caso cerrado, aunque expresó su respeto al derecho constitucional del SME para manifestarse pacíficamente y sin afectar a terceros.
Dijo que la resolución de los ministros dio la razón al ex presidente Felipe Calderón.
“Respecto al SME, se trata de un caso cerrado. El (ex) presidente de la República Felipe Calderón tuvo la razón, porque así se sabía que la iba a tener y porque así lo acaba de decir en última instancia la Suprema Corte de Justicia a través de una resolución inatacable”, manifestó.
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, consideró que la resolución de la Suprema Corte “ya no es un tema de discusión, sino un tema de acatarse”.
Subrayó que la dependencia a su cargo garantizará “que todos los trabajadores, objeto de esta resolución, reciban la liquidación, que es muy superior a los términos de ley”.
Reiteró su “voluntad de diálogo” con el SME y, por ello, el líder Martín Esparza concertó una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Estoy seguro que en el marco de la civilidad democrática, del respeto a las instituciones, se pueden encontrar salidas a cualquier problema social”, dijo.
Debido a que el fallo de la Corte es inapelable, Navarrete comentó que la Secretaría del Trabajo cumplirá con su compromiso de que los trabajadores sean liquidados conforme a lo establecido por la ley y rechazó que vaya existir un bono extra, alguna compensación adicional.
Claves
El fallo de la Corte
Por unanimidad de votos, los ministros de la segunda sala validaron la constitucionalidad del decreto presidencial que se emitió el 10 de octubre de 2009 para desaparecer a Luz y Fuerza del Centro.
Aclararon que los derechos laborales de los más de 16 mil electricistas que no han cobrado su liquidación siguen a salvo, por lo que todavía pueden reclamar una indemnización.
Los cinco ministros determinaron que conforme al artículo 90 de la Constitución no se puede considerar al Presidente de la República como patrón sustituto.