La infanta Cristina, esposa de Iñaki Urdangarin, fotografiada esta semana en Barcelona
Palma de Mallorca, España • La defensa de Iñaki Urdangarin, el yerno del rey de España, presentó ayer un listado de sus bienes a efectos de embargo ante el Juzgado de Palma de Mallorca, que le investiga por supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
El titular del citado juzgado le impuso una fianza civil de casi 8.2 millones de euros (unos 10.9 millones de dólares) de forma solidaria con su ex socio Diego Torres, investigado en la misma causa.
El esposo de la infanta Cristina registró ayer dicha relación de bienes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, dos días después de que venciera el plazo fijado por el magistrado José Castro para el pago de la fianza, informaron fuentes judiciales.
Por su parte, el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, aún no ha notificado sus bienes tras la fijación de la fianza. El juez impuso esa fianza el pasado 30 de enero, en concepto de caución civil por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.
La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad, como se hace habitualmente en cálculos procesales.
En el auto en el que impuso la fianza, el juez advertía a Urdangarin y Torres de que si no depositaban la fianza en cinco días hábiles, plazo que acabó el miércoles, se procederá "al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".
Tanto el duque de Palma como su ex socio presentaron el martes dos recursos contra la fianza y rechazaron que el Instituto Nóos cometiera ningún delito. La presentación de los recursos no les exime de la obligación de constituir la fianza.
El yerno del Rey de España está imputado por los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias, junto con su ex socio Diego Torres, por desviar fondos públicos de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia a través del instituto Nóos que presidió.