Ciudad de México • El Partido Acción Nacional en el Senado presentó una iniciativa para otorgar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ya que consideró necesario que las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo federal sean evaluadas por un órgano ajeno al gobierno.
La propuesta prevé reformar el artículo 26 de la Constitución y así modificar al Coneval por la de Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que implica cambiar el contenido del apartado B dicho artículo.
“Esta iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al Coneval para que cuente con la independencia suficiente para cumplir con sus objetivos, convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico, que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social”, destacó la senadora Adriana Dávila al presentar la iniciativa ante el Pleno.
Explicó que de concretarse esta reforma, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será un organismo constitucional autónomo público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Destacó que esta Comisión Nacional tendrá un Consejo Consultivo integrado por un presidente y nueve consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo público de elección popular.
Los integrantes del Consejo Consultivo serán elegidos, de entre una terna, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara y cada cuatro años serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
De igual modo, afirmó que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales.
La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema, aseveró, estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.