La votación terminó 434 a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.
Ciudad de México • Con 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Amparo, aunque legisladores de diversas fracciones parlamentarias hicieron más de 30 reservas para su discusión en lo particular.
Al fijar el posicionamiento del PRD, el diputado Alejandro Carbajal llamó a suprimir la fracción XI del artículo 129, que impide otorgar la suspensión del acto reclamado por la vía del juicio de amparo cuando ello “impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política”.
Dicha disposición fue cuestionada por el Consejo Coordinador Empresarial, por considerar que deja en la indefensión y pondría en riesgo a sectores como los de telecomunicaciones, minería, aerotransporte y financiero.
El legislador panista José Arturo Salinas confirmó a su vez la decisión de su bancada de reservar ese mismo artículo y proponer una redacción alterna, al tiempo de proponer la prohibición de otorgar amparos a los casinos para continuar su operación.
Por el PRI, la legisladora Cristina González Ruiz expresó el respaldo absoluto de su bancada al proyecto, mientras Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, confirmó el voto de su bancada en contra.
Entre otros aspectos, la nueva Ley de Amparo prevé la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridad e incluso de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales suscritos por México.
El nuevo ordenamiento amplía la protección del amparo, al establecer que cualquier ciudadano podrá interponer un recurso tan solo con acreditar un “interés legítimo” y no exclusivamente un “interés jurídico”, como lo establece la ley vigente.
Los juicios de amparo procederán en materias como los derechos sociales, ambientales y agrarios, mas no así en el caso de las controversias de carácter electoral.
El proyecto establece igualmente la figura de declaratorias de inconstitucionalidad de carácter general, en beneficio de la colectividad afectada por algún acto violatorio de los derechos constitucionales.
La nueva Ley de Amparo fue aprobada por el Senado de la República desde octubre de 2011, pero la Cámara de Diputados la mantuvo “congelada” desde entonces.