Ciudad de México • La Cámara de Diputados se alista para votar la nueva Ley de Amparo, cuyo dictamen de 220 cuartillas se incluyó como asunto a discusión en el orden del día de la sesión ordinaria de este martes.
Aunque la mayoría de las fracciones parlamentarias anunció ya su voto a favor del proyecto en lo general, las bancadas del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano confirmaron su intención de hacer alrededor de 11 reservas para su discusión en lo particular.
Entre los puntos reservados destacan las fracciones 11 y 13 del artículo 129 de la nueva legislación.
La primera impediría conceder la suspensión del acto reclamado por la vía del juicio de amparo cuando ello impida o interrumpa los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, o demás actos que sean impostergables, “siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad”.
El otro limita igualmente el otorgamiento de la suspensión cuando ésta “impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política”.
Adicionalmente, el dictamen prevé la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridad e incluso de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales suscritos por México.
El nuevo ordenamiento amplía la protección del amparo, al establecer que cualquier ciudadano podrá interponer un recurso tan solo con acreditar un “interés legítimo” y no exclusivamente un “interés jurídico”, como lo establece la ley vigente.
Los juicios de amparo procederán en materias como los derechos sociales, ambientales y agrarios, mas no así en el caso de las controversias de carácter electoral.
El proyecto establece igualmente la figura de declaratorias de inconstitucionalidad de carácter general, en beneficio de la colectividad afectada por algún acto violatorio de los derechos constitucionales.
La nueva Ley de Amparo fue aprobada por el Senado de la República desde octubre de 2011, pero la Cámara de Diputados la mantuvo “congelada” desde entonces.