Cuernavaca • La Procuraduría General de la República solicitará este miércoles el inicio del juicio de procedencia para desaforar al diputado local y ex presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desacato a una orden federal dentro del caso que enfrenta con la empresa regiomontana PASA, que además reclama un adeudo superior de más de 152 millones de pesos.
Ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Ministerio Público de la Federación acudirá para solicitar inicie el procedimiento legislativo, para que el también presidente estatal del PRI quede sin fuero y pueda ser aprehendido por su responsabilidad en la violación a una orden federal, al igual que el ex Secretario y Tesorera del Ayuntamiento de Cuernavaca, Rodrigo Gayosso y Araceli González Verazaluce.
De acuerdo con el resolutivo del Toca Penal 415/ 2012 del Tribunal Unitario, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Martínez Garrigós, Gayosso y Verazaluce tienen orden de aprehensión porque esta instancia rectificó la resolución del Juez Primero de Distrito, que se negó a entregar las órdenes de aprehensión hace casi un mes. Según el texto, existen los elementos para que Martínez y los ex colaboradores sean encarcelados.
El priista, junto con sus ex colaboradores fueron considerados responsables de violar la protección que la justicia federal otorgó a PASA, que desde 2008 prestaba sus servicios para recolectar basura en la ciudad de Cuernavaca, a través de una concesión por 20 años. Como candidato del PRI a la alcaldía de Cuernavaca, Martínez Garrigós se comprometió a “sacar a PASA de Cuernavaca” por sus altos cobros, sin embargo al ser autoridad (2009) la determinación ofreció complicaciones legales.
A cabo de unas meses, como medida de presión, Martínez Garrigos, sus colaboradores y parte de su Cabildo, buscaron cerrar los caminos a la empresa, primero con el retraso de los pagos y, posteriormente con la cancelación de forma unilateral de la concesión. Sin embargo, la empresa encontró previamente la protección de la justicia federal, por lo que cuando las acciones de Martínez Garrigós fructificaron, ya representó la comisión de un delito, como el desacato, que es una de las vertientes de este conflicto. El otro es el adeudo al consorcio de más de 152 millones de pesos, que fue cobrado con el embargo de predios y cuentas bancarias.
En rueda de prensa, Martínez Garrigós reiteró este lunes que no cuenta con una orden de aprehensión en su contra y que demandará a PASA y a sus asesores abogados por daño moral, lo cual sostuvo en su cuenta de Twitter donde además se victimizó y adelantó que en caso de ser afectado él o su familia, responsabiliza a la empresa regiomontana.
Por su parte, Guillermo Pasquel Hernández, abogado de PASA, aseguró que Martínez Garrigós sabe que tiene la orden de aprehensión en su contra y cualquier cosa que diga es contrario a la realidad.
El Ministerio Público de la Federación interpondrá el recurso ante la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, donde tres días después una Sub Comisión pasará el caso a la Comisión unida de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que a su vez emitirá el dictamen que será enviado al Congreso del estado de Morelos donde sólo se cumplirá el requisito del desafuero.