Las elecciones debieran ser un ciclo intenso, pero breve y concluyente; en México no han sido así, excepto en 2000. En estos comicios y contrario a lo hecho por el PRI en 2006, el PAN ha sido vacilante en su reconocimiento del resultado; por su parte, la izquierda, con su candidato presidencial a la cabeza, ha resuelto irse por la impugnación de una elección que se resolvió con una diferencia de más de 3 millones de votos.
La singularidad del ciclo electoral mexicano, en la que cada elección es seguida por un largo litigio mediático y jurídico, tiene más que ver con la participación de malos perdedores que con las deficiencias del proceso comicial. Desafortunadamente a eso se ha acostumbrado el país y para muy pocos es sorpresa que el debate continúe y que el perdedor arengue contra adversarios, particulares y medios. Sin embargo, en realidad el tema tiene que ver más con lo que viene que con lo que sucedió en la elección.
Para López Obrador es fundamental no dar por concluido el proceso electoral y radicalizar posición para continuar extendiendo su vida política con oxígeno artificial y, así, evitar su eventual retiro de la política y la fatal toma de poder y liderazgo partidista y programático del grupo rival a cargo de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard. Para AMLO es fundamental cerrar camino al relevo que ya le amenaza; la única fórmula es perseverar en un conflicto poselectoral que polarice a la izquierda y así elevar el costo a quienes se pronuncien por dar término a la elección y pasar a la normalidad; lo requiere Ebrard, quien ha anunciado una muy anticipada campaña por la candidatura de 2018, también los candidatos ganadores a gobernador de Morelos, Tabasco y a jefe de Gobierno del DF necesitan que ya se cierre el capítulo electoral. Resulta entonces evidente que el objetivo de Andrés Manuel López Obrador es hacer de Morena un partido político que le sirva de plataforma para repetir como candidato en 2018. Esa es la verdadera motivación de fondo en la solicitud de nulidad. La supuesta iniquidad de la elección es la forma de admitir que otra vez no pudo y que quiere seguir. Las tarjetas de Soriana y las cuentas de Monex son un artificio a la medida, como lo han acreditado los directivos de ambas empresas. Cuando este ardid pierda fuerza construirá otros.
En el PAN las dificultades son mayores por ser el partido en el gobierno y quedar en un tercer sitio en la elección presidencial; sin embargo, los resultados, en el caso de los legisladores, no son del todo desastrosos y el hecho de que ellos sí hayan logrado, como partido, ser la segunda fuerza en las Cámaras, con un PRI sin mayoría absoluta, les ofrece una oportunidad privilegiada en la negociación con el adversario. En un primer momento, seguramente por la necesidad de los voceros de exculparse por el fracaso, el PAN parecía aliarse al PRD, ahora el énfasis ha sido sobre los acuerdos para lograr las reformas que el país requiere.
Las elecciones tienen su ciclo, pero la política no tiene tregua. El candidato ganador y su equipo han anticipado que el largo periodo entre la elección y la toma de protesta dé lugar a una transición administrativa tersa, al tiempo que pueda avanzarse en los acuerdos y, eventualmente, concretar reformas previas a la toma de posesión del nuevo Presidente. Este aspecto es de la mayor relevancia, porque inauguraría una nueva etapa de entendimiento entre gobierno y oposición, justamente la debilidad mayor de la transición democrática del país. El presidente Calderón y el candidato ganador son los dos factores de mayor relevancia; el acuerdo no será fácil, especialmente para el PAN, pero ambos tienen una investidura que los motiva y mueve al acuerdo y a un compromiso compartido en bien del país, que deje atrás la actitud de chantaje e intransigencia que ha caracterizado la negociación entre las fuerzas políticas y con el gobierno.
El acuerdo no puede ni debe quedarse en lo cupular. Las razones por las que Vicente Fox no pudo concretar las reformas fue que el modelo de negociación se agotaba en el acuerdo con la cúpula del PRI encabezada por Roberto Madrazo. En 2012 el espectro de entendimiento debe ser mayor; por una parte, debe incorporarse a los gobiernos locales y al Distrito Federal; por la otra, a sectores de la sociedad interesados o involucrados en los cambios legales. Es evidente que una negociación amplia complica la fluidez de los acuerdos, pero también es necesario que las decisiones tengan consenso y una opinión más allá de los representantes formales de la política.
Por ello es importante dejar atrás el falso debate sobre la legitimidad de la elección. Queda claro que la izquierda será otra vez rehén de la calculada intransigencia de su líder moral. Y de nuevo, como sucedió durante el gobierno de Calderón, cualquier aproximación de un miembro de la izquierda con el adversario en el poder será señalada por el líder moral como alta traición a la causa; oportunismo que se hizo evidente cuando el mismo López Obrador, por necesidad estratégica electoral, en su impostura amorosa, tuvo que hacer referencias comedidas a sus demonios del pasado inmediato.
Los partidos no deben perder sentido de su responsabilidad y de conveniencia con perspectiva de largo plazo; su tarea es representar a los suyos y al movimiento que les da origen. Para ello PRI y PAN deberán emprender una reforma interna profunda que los actualice y los acredite ante una sociedad cada vez más interesada de los asuntos públicos y comunitarios, al tiempo que es lejana a los partidos y a los valores de la democracia representativa. La realidad y su misma vigencia les demandan hacer cambios profundos. Solo con el contraste de los beneficios del cambio de los otros, la izquierda estará motivada para emprender una profunda transformación propia que la haga acoger con mayor claridad los valores y actitudes de la democracia, alejándose del caudillismo y “movimientismo” que la ha dominado.
La política no tiene tregua y este periodo de transición será crucial para lo que venga después. Dejar pasar la oportunidad pospone realizaciones e inhibe una inercia positiva que acredite a la política y que, sobre esta misma, genere los cambios que el país y en particular los ciudadanos demandan de sus políticos y organizaciones representativas.