En el segundo debate entre los candidatos presidenciales, López Obrador planteó que diversos programas sociales y de inversión podrían financiarse con 800 mil millones de pesos (mmdp). De éstos, 300 mmdp provendrían de una reducción al salario de altos funcionarios de esa “burocracia faraónica”, como la llamó AMLO. El dato fue suficiente para integrar al debate a Felipe Calderón, quien, por su lado, manejó cifras desde su Twitter: “Si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios, de director a presidente, ahorraría 2 mmdp, no 300 mmdp.” Con esta intervención, Calderón descalificó al candidato de las izquierdas. ¿Intromisión?
El diputado federal Mario di Costanzo (PT) intentó justificar lo dicho por AMLO. En su análisis, el número de plazas del gobierno federal es de 51 mil 469 y la nómina anual asciende a 88 mil 34 mdp. Para empezar, la cifra no es comparable con la de Calderón, ya que éste considera solo de directores hasta el presidente. Sin embargo, si se redujeran 50 por ciento los sueldos de los mandos medios y superiores de la administración pública centralizada, el ahorro sería de 44 mmdp. Si se aplica el mismo decremento a los mandos superiores del gobierno (Pemex, CFE, poderes autónomos, IMSS e ISSSTE) se ahorrarían 45 mmdp. Di Costanzo estimó que otros 175 mmdp no se erogarían si se redujeran los gastos de operación y otros 50 mmdp si se bajara el gasto destinado a las entidades federativas (La Razón, 12/VI/12).
Calderón no se salió del debate, pues dos días después, sin mencionar a AMLO, le envió un mensaje al afirmar que “para aplicar políticas públicas que beneficien a la población no basta la buena fe, la rectitud de intención de hacer cosas buenas que a la hora de evaluarlas son francamente ineficaces”. Y agregó: “Se requiere fundamento y precisión técnica, contable” para poner en marcha cualquier política. Cabría preguntarse si este principio lo aplicó para darle forma a su promesa, entre otras, de crear empleos. Durante su campaña presidencial se ostentó como el “presidente del empleo”, una meta incumplida. El número de pobres ha aumentado. ¿Le faltó al presidente fundamento y precisión técnica?
No terminó la cosa ahí, pues envió a dos de sus colaboradores para mantener viva la polémica. A su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, le hizo decir “que si el gobierno federal prescindiera de todos sus servidores públicos ahorraría 264 mmdp”. Añadió Meade que “un programa económico que descansa en la ficción es el principal ingrediente de la tragedia griega que hoy estamos viviendo”. ¿Manejo del miedo? Por su parte, el candidato a senador Ernesto Cordero comparó a AMLO con López Portillo: “irresponsable e ignorante”. Y añadió: “AMLO miente con sus propias cifras”. El ex secretario de Hacienda de Calderón remató diciendo que “cuando se sugiere que hay niveles de corrupción de ese tamaño, cuando se sugiere que hay dispendio (…) es deber de la autoridad aclarar las cifras”. Cordero olvidó que en su manejo de cifras se metió en un atolladero: recordemos su inopia de la realidad social cuando dijo que una familia mexicana es feliz con 6 mil pesos mensuales, pues tiene para casa, auto, y manda a sus hijos a escuelas particulares. ¿Le parecerán malas las públicas?
Es un hecho que el gobierno federal mexicano es costoso. En 2009, el senador priista Beltrones consideró que la “alta burocracia hoy nos agobia. De 2004 a 2009, el número de direcciones paso de dos mil 938 a cinco mil 169, las direcciones adjuntas de 782 a 1247 y las direcciones generales de 644 a 988. Además, creó 79 plazas homólogas a subsecretario en el gobierno federal”. (El Universal, 10/IX/09).
Otra investigación de Marcos Muedano (El Universal, 4/V/11) muestra, con base en datos del propio gobierno federal, que hay 31 mil servidores públicos de las dependencias del gabinete legal que ganan entre 1 y 3.3 millones de pesos al año. La media sería un salario de 2.15 millones anuales lo que arrojaría más de 60 mmdp: la burocracia panista. En el mismo reportaje se señala que 2.9 por ciento de los funcionarios de la burocracia federal acaparó, en 2011, el 22 por ciento del presupuesto para sueldos y prestaciones. AMLO tal vez hizo mal sus cálculos y, sin duda, están sujetos a revisión. Sin embargo, en la propuesta se va al fondo de un problema que lacera al país: desde el propio gobierno se profundiza la desigualdad de los ingresos.
Otro aspecto tocado por AMLO es la corrupción. Hay muchas estimaciones del costo que tiene para el país. Algunos estiman que en 2010 significó una erogación de 32 mil mmdp. En comparación con 2007 subió 5 mmdp. En esos mismos años los actos de corrupción subieron de 197 millones a 200 millones (El Universal, 10/V/12). El Fondo Económico Mundial calcula que el costo de la corrupción equivale a 9 por ciento del PIB (La Jornada, 13/IV/10). El Centro de Estudios del Sector Privado afirmó que los empresarios pagan sobornos que representan alrededor de 10 por ciento de sus ingresos.
Transparencia Internacional, una organización orientada al combate a la corrupción, ubicó a México en el lugar 72, entre 180 países, en 2006. Obtuvo una calificación de 3.5 en una escala de 0 a 10. En 2011, México pasó a la posición número 100, entre 182 países, con una calificación de 3.0 Puede inferirse que este grave problema sigue avanzando. De combatirse significaría un ahorro que podría destinarse a financiar programas de desarrollo de infraestructura, entre otras. Llama la atención, además, que el viernes pasado haya salido una nota en la que un grupo de expertos estadunidenses sugieren que México y Rusia deberían abandonar el G20. La sugerencia se sustenta, para ambos casos, en los altos niveles de corrupción y opacidad (Reforma-negocios, 15/VI/12). Sugerencia que coincide con la reunión que tiene lugar en este momento en México.
Otra propuesta de AMLO tiene que ver con una reforma fiscal: pagar impuestos en función del monto de los ingresos y/o las ganancias. En México existen 400 grandes consorcios empresariales que, en 2008, acumularon ingresos por 4 billones 960 mmdp. Su contribución al fisco es tan solo de 1.7 por ciento en promedio. En, 2012, ese privilegio se mantiene para empresas como Walmart, Bimbo, Liverpool, Telmex, Elektra, Cemex. La única gran empresa que paga casi 60 por ciento de impuestos es Pemex. Las privadas en zona de confort y la pública cargando el peso del gasto.
Durante el debate, AMLO tuvo un mal manejo de sus datos pero apuntó a tres puntos que son centrales para restaurar la economía del país y paliar la desigualdad social. No son exclusivos de él. Tienen que ser parte de un plan nacional de mediano plazo. No obstante, las propuestas no fueron del gusto del jefe del Ejecutivo del gobierno federal que mostró aversión a las cifras de Obrador. Mientras viene el 1 de julio, la guerra sucia implicará, entre otras cosas, cifras y más cifras y sería deseable la no intervención del gobierno federal.