Es muy mexicano aparentar que se resuelve un asunto con una ley, con un decreto, con una “procuraduría especial”. Es casi nuestra especialidad.
Conforme la violencia en el país ha aumentado, así ha aumentado la violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Y, por supuesto, se han multiplicado las comisiones, fiscalías y leyes con las que se simula querer arreglar el asunto.
Nada puede ocultar el fracaso del Estado para que los periódicos y los periodistas hagan su tarea. Como tantos otros profesionales de otros sectores en zonas de violencia, se ven impedidos de hacer la suya.
Una nueva tragedia para el gremio, la muerte de Víctor Manuel Báez, que tocó de cerca a esta casa, sucedió apenas unos días después de que el gobernador de Veracruz creara una comisión más para proteger periodistas y bla, bla, bla. Cuando no sepas qué hacer, crea un comité, dice la regla.
Esto se anunció, por cierto, un mes después de que el relator especial para la promoción y protección para la libertad de opinión y expresión declarara en México que Veracruz era el estado más peligroso para los periodistas.
Pero Veracruz ya había tenido su comisión.
Cito: “Durante cinco años, de 2006 a 2011, Veracruz contó con una Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas (Cedep), un órgano que, creado para atender las graves amenazas a la libertad de expresión en el estado, se limitó a intervenir en quejas menores que terminaban en conciliación sin el establecimiento de políticas públicas claras de prevención.
“La Comisión recibió durante su existencia 13.7 millones de pesos y atendió 194 casos. Lo que significa que gastó 70 mil 618 pesos en atender cada caso, manteniéndose lejos y ajena a los de mayor trascendencia y relevancia, incluidos aquellos en los que el entonces secretario de gobierno (y presidente de la Cedep), Reynaldo Escobar, era señalado de agredir a periodistas y camarógrafos en el estado”.
Es un párrafo de “Silencio Forzado”, el reporte de la organización Artículo 19 sobre la violencia contra la prensa en México en 2011. Uno de los más precisos inventarios de cómo va afectando al quehacer periodístico la violencia en el país.
Los autores del reporte, con mucho tino creo yo, hacen el recuento del fracaso institucional para crear una institución que —ya no digamos proteja— al menos no deje en la impunidad asesinatos, agresiones o atentados contra periodistas y periódicos.
Esto dicen, por ejemplo, de la fiscalía creada en la PGR:
Tras seis años de creada, la Fiscalía Especial tiene entre sus resultados solo una sentencia condenatoria. Se trata del esclarecimiento de una amenaza vía electrónica (AP17/FEADP/2006) contra una periodista por la que el Juzgado 17 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte aplicó una pena alternativa de 180 días multa y ordenó la reparación del daño por un monto de 36 mil 400 pesos. Lo extraño es que en otro caso de amenazas vía electrónica la FEADLE recientemente determinó su incompetencia.
En julio de 2010 hubo una reestructura. La dependencia cambió su nombre al de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero no solventó sus deficiencias:
-Falta de recursos financieros y humanos suficientes.
-Discrecionalidad en la facultad de atraer casos.
-Ambigüedad en la definición del sujeto pasivo de la agresión.
-Limitantes para el conocimiento de delitos, tales como el requisito de que sean delitos federales o conexos, que prevean pena de prisión y que no se consideren cometidos por motivo de la delincuencia organizada.
-Conocimiento limitado y/o discrecional de delitos cometidos por militares y por delincuencia organizada, y
No solo eso, sino que también desde su creación su presupuesto se ha reducido significativamente. En seis años, los recursos supuestamente destinados a la investigación de delitos cometidos contra periodistas han disminuido en 72.36%, a pesar de que los casos se incrementan año con año. Peor aún, cada año hay un altísimo subejercicio presupuestal, el cual en 2010 llegó a su punto más alto.
Una vez más, la simulación como falsa solución a un problema.
Advierto que yo no tengo claro que las fiscalías especiales o la federalización de delitos contra periodistas sean la respuesta. Me parece que cada uno de los delitos que se comenten contra quienes trabajan en un medio de comunicación ya están tipificados como tales. Y a veces las burocracias federales son más lentas y están lejanas de donde suceden los hechos.
Pero ese no es el punto de estas líneas. Si ya se va a crear una comisión, o una fiscalía, o un comité… pues que sirva de algo.
El indiscutible fracaso, que se cuenta en muertos, amenazados, huidos, exiliados, nos habla de la enorme simulación que es cada reacción de las autoridades cuando una tragedia, como la de Víctor Báez, sucede.
Twitter: @puigcarlos