Las campañas presidenciales han trascendido el calendario electoral. Con excepción de Gabriel Quadri, los otros tres partidos y sus candidatos presidenciales iniciaron su lucha con mucha antelación, pese a las restricciones establecidas por las nuevas reglas en materia de acceso a medios y regulación de actos anticipados de campaña. Las elecciones están a semanas de distancia y es explicable que partidos y candidatos intensifiquen su proselitismo y que, a la vez, los medios de comunicación y el público otorguen mayor atención a los comicios conforme éstos se aproximan.
Las encuestas son un tema privilegiado de interés y atención pública. Aquellas que se difunden son importantes porque tienen impacto en la moral de los candidatos, de sus equipos y de sus adherentes o aliados. Aunque las técnicas y metodologías son homogéneas, no suelen ser así los resultados. Se asume que los sondeos publicados por los medios son más confiables que aquellos difundidos por los partidos o sus encuestadores. Hay consenso en las encuestas públicas, salvo la del diario Reforma, que se desmarca de las tendencias de casi todos los demás medios. Las diferencias son sustantivas, pero los candidatos también cuentan con información propia, lo que les permite formar una idea clara sobre la situación.
La pretensión de los legisladores de regular las encuestas públicas para evitar engaño o errores se viene a tierra cuando existen datos radicalmente diferentes, levantados en un mismo momento, sobre un mismo asunto: las intenciones de voto. La regulación de encuestas no puede convertirse en trámite burocrático ni debe ceder ante una entidad que solo representa a una parte de las empresas de investigación. Por más prolijos que resulten los lineamientos a los que sean sometidas las empresas, o por más información y autorización que se les exija, no hay forma de evitar la discordia en los resultados. De continuar las diferencias entre los estudios, el 1 de julio será necesario entablar un juicio sobre la seriedad y calidad de las encuestas electorales.
Otro aspecto a considerar en las campañas es el desempeño de las autoridades y la calidad del marco legal que las sustenta. En su momento, el IFE deberá hacer un ejercicio serio de evaluación y autocrítica acerca de sus acciones, como una forma de contribuir a una reflexión colectiva que incluya a partidos, especialistas y particulares, como una vía para mejorar las normas y las prácticas electorales. Mucho es lo que hay que corregir, pero también es justo señalar que, con la información disponible, es posible concluir que el IFE, desde su consejo hasta sus órganos de base, ha cumplido con su responsabilidad.
Resulta irresponsable, peligroso e inaceptable cuestionar anticipadamente el desempeño del órgano electoral a partir de una estrategia electoral. El jueves 31 de mayo, hace apenas dos días, tuvimos oportunidad de ver “Un día en la campaña de López Obrador” a través de la lente y la palabra de Denise Maerker. Reportaje imprescindible. Denostar al IFE con un calculado propósito de deslegitimar un eventual resultado adverso constituye una grave amenaza a la sociedad mexicana, mucho más si quien lo hace es uno de los participantes en la contienda.
La realidad es que muchas de las críticas al IFE derivan de una ley electoral aprobada por los mismos que ahora la rechazan. Es evidente que algunas prohibiciones no se observan por disfuncionales, como ha quedado documentado en diversas ocasiones. Los regímenes de control de gasto electoral más eficaces no son los que se concentran en las restricciones, sino aquellos que privilegian la transparencia y la información confiable y oportuna para que el elector norme su criterio antes de emitir su voto. La equidad continúa siendo una aspiración que no encuentra eco en la realidad ni en el acceso a radio y tv. La misma norma plantea un esquema injusto y desigual. Pero de ahí a salir ahora, como lo escuchamos en voz de Andrés Manuel López Obrador en el reportaje de Denise Maerker, con que el pueblo sea el que resuelva y no el IFE, debe preocupar a los ciudadanos de este país que, por cierto, rechazan el odio, el rencor y la violencia en todas sus expresiones, incluida la verbal, como recursos de proselitismo electoral.
Es clara la necesidad de revisar el modelo comunicacional basado en la restricción de libertades y, aún más, la excesiva difusión de promocionales en radio y tv. Existe evidencia suficiente para evaluar la inconveniencia del marco vigente, en particular la rigidez que las reglas imponen a los partidos y a sus candidatos en su lucha por ganar el voto.
El escenario de competencia es normal en cualquier elección. Es probable que las distancias o diferencias amplias entre los partidos y entre los candidatos disminuyan; de hecho, así ha acontecido. El severo embate del PAN contra el PRI y su candidato ha tenido su efecto. También se advierte que el beneficiario de la estrategia del PAN no ha sido Josefina Vázquez Mota, sino el PRD y su candidato López Obrador. La candidata del PAN, ocupada de los ex gobernadores del PRI, del ex tesorero de Coahuila y de la lideresa del SNTE, también ha olvidado defender lo que ha hecho el gobierno al que pertenece, su comportamiento como opositora al PRI la ha despojado de identidad y de fortaleza. La tendencia es que, de seguir por este rumbo, el PAN y su candidata asegurarían el tercer sitio.
El llamado que han hecho el presidente Felipe Calderón y el candidato Peña Nieto para realizar campañas de altura debe ser atendido. Lamentablemente, el empeño de quien por anticipado se ve a sí mismo despojado, complica severamente tal propósito por convertir al insulto y al rencor en recursos de campaña. Pronto, en el debate, se advertirá, una vez más, la pasta de la que están hechos los contendientes.
En estas semanas, las campañas ingresan a su fase terminal. La incertidumbre y la competencia, propias de la democracia electoral, a nadie deben sorprender. Podemos esperar que el debate y el proselitismo se intensifiquen, y que las pasiones propias del momento cobren expresión en muchos espacios. Sí, mucho importa el 1 de julio, pero no debemos olvidar que, un poco más allá, a los ganadores y también a quienes los electores hayan escogido como oposición, les esperan tareas y responsabilidades decisivas que demandan su atención y, principalmente, su acción.