La aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados de modificaciones legales para que se instalen y operen aparatos bloqueadores de señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de datos o imágenes en cárceles y centros para menores, lejos de alentar la esperanza de que disminuya la criminalidad, indigna por dos razones: a) refleja una irresponsable resignación y b) atenta contra el sentido común.
Quienes votaron este y otros cambios en las leyes de Telecomunicaciones, Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública han de suponer que la planeación de un sinnúmero de delitos (de manera relevante el de extorsión) comienza cuando los malosos teclean algún artefacto.
El problema, sin embargo, es que se puedan introducir tales equipos a través de dos únicas vías: directivos y custodios, o visitantes que llevan a los reclusos su “canasta”.
Lo que debieran garantizar los diputados son recursos para la contratación de verdadero personal de confianza y la preparación de comida digna.