José Rosas Aispuro, aspirante del PAN al Senado. Foto: Claudia Guadarrama
Los 12 años del PAN en la Presidencia y los 15 del PRD en el Gobierno del DF significan sin duda que la alternancia llegó para quedarse, pero también, por desgracia, la continuidad de la cultura priista en las estructuras de poder y en todos los partidos políticos.
El arribo de la oposición no significó que se generaran nuevos usos y costumbres en el ejercicio del poder público y mucho menos el destierro de la corrupción, el abuso y el uso inmoral e ilegal de los recursos del gobierno en favor de partidos o candidatos.
Pero no sólo eso, en su desmedida ambición fueron reclutando a personajes y grupos priistas que simplemente contaminaron al, hasta hace unas décadas, partido más democrático de México, en su vida interna, su discurso y prácticas públicas: Acción Nacional.
Esto ha ocurrido a escala nacional con Vicente Fox y Felipe Calderón, pero hay múltiples ejemplos en lo local, vaya un caso como muestra.
En Durango, para enfrentar el cambio en la gubernatura, los panistas echaron mano del priista José Rosas Aispuro, a quien el panismo tradicional quiere “bajar” del primer lugar de las candidaturas para el Senado, y no le falta razón, pues además de formar parte del derrotado grupo de Ernesto Cordero, acarrea una serie de acusaciones que levantaría de la tumba a los fundadores del PAN.
A Rosas Aispuro se le acusa de enriquecimiento inexplicable a su paso como oficial mayor estatal y por compras irregulares de vehículos por 6 mil millones de pesos, lo que le valió la destitución.
Como alcalde en 2001-2004 fue sujeto de escarnio por la construcción del puente urbano conocido como “Joroba”, cuyo costo proyectó 17 millones de pesos y al final registró de 72 millones de pesos.
Ya como aspirante al Senado, el IFE sancionó al PAN por actos anticipados de campaña al considerar que violentó la normatividad cuando apareció en espectaculares y propaganda en vehículos al lado de Ernesto Cordero con la palabra voto.
Para acabarla de amolar hay registro de 25 propiedades de bienes inmuebles que no son comprobables, además de inversiones y cuentas bancarias que, según los críticos de Rosas Aispuro, representan una riqueza superior a lo que obtendría por su paso en el servicio público.
Y éste es sólo un caso.