En el informe Abrir espacios a la seguridad ciudadana. Desarrollo Humano para América Central 2009/2010, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se destaca que La mayoría de las mujeres infractoras incurren en delitos ordinarios —principalmente pequeños robos y fraudes, narcomenudeo, prostitución o agresiones no muy graves contra sus hijos o sus compañeros— y algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero no son criminales de carrera y es muy raro que ejecuten crímenes de gravedad. (...)
Los hombres son los principales perpetradores de delitos tanto en el ámbito privado como en el público. Son responsables de la mayoría de los homicidios —tanto en la calle, donde las víctimas suelen ser otros hombres, como en los hogares, donde la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños— y también de los ataques contra la propiedad.
Las mujeres, en cambio, cometen delitos menores y, cuando están involucradas en grandes negocios ilegales o estafas, suele ser en roles subalternos. La injerencia de la mujer en el delito público se observa cada vez más en el tráfico de drogas, en los eslabones más riesgosos y peor remunerados del negocio: en el tráfico al menudeo y la microcomercialización, donde los varones aprovechan sobre todo su fidelidad como parejas o familiares. Según la investigación del PNUD, la mitad de las mujeres de la región internadas en cárceles están acusadas de la venta de narcóticos. Otro de los ámbitos que están ocupando es el de las maras o pandillas, donde se calcula que aproximadamente el 25 por ciento son mujeres.
Los roles que desempeñan son muy diferentes a los de los varones: no ocupan puestos jerárquicos, sus opiniones suelen ser poco tomadas en cuenta, y muchas veces son consideradas débiles o “lenguas flojas”. Por otra parte, los varones ejercen un fuerte control de sus cuerpos: no sólo no se les permite la infidelidad —mientras que a ellos sí—, sino que suelen ser sometidas a ritos sexuales de iniciación para entrar al grupo (muchas veces colectivos) e incluso se las explota sexualmente.
Cuando son detenidas y encarceladas, afrontan problemáticas específicas relacionadas con el género, que se suman a las deficiencias generales de los sistemas carcelarios (hacinamiento, conflictos por la falta de espacio, y problemas de salud producto del hacinamiento y la mala atención médica).
Según la investigación Mujeres privadas de libertad, realizada por diversas organizaciones sociales en el año 2006 sobre las cárceles de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, algunos de los sufrimientos que padecen las mujeres detenidas son la excesiva distancia entre los centros de detención y sus hogares, lo que dificulta las visitas familiares (a diferencia de los hombres, las mujeres presas son escasamente visitadas).
Otros problemas que ellas enfrentan son que el personal de las cárceles es masculino; que presentan padecimientos psicológicos, que son tratados con sobredosis de medicación; ausencia de guarderías y programas de atención para la infancia para las hijas e hijos menores que viven con ellas, y la violencia y los castigos disciplinarios de que son víctimas.
*Directora ejecutiva de Asociación Civil Artemisa Comunicación
Sandra Chaher*