Al terminar de leer un largo artículo muy documentado sobre el repunte de la esclavitud laboral de niñas/os en el campo latinoamericano, ahí donde la agroindustria propicia el retorno al latifundio y la proletarización del trabajo en paralelo con la imposición de las semillas genéticamente modificadas (por ejemplo en los campos soyeros de la Argentina planeada por Menem y del Brasil de Collor de Melo, modelos que en México fueron atrasados por la necesidad de deshacerse primero de la propiedad colectiva y ejidal, actividad a la que se dedicaron Salinas de Gortari y los posteriores presidentes), siento que la humanidad es una porquería. Pero quiero aferrarme de una esperanza, de una posibilidad colectiva de evitar la transformación del mundo en un lugar de castas cerradas hasta la diferenciación genética y la especialización laboral planteados por la literatura fantástica de Margaret Atwood.
Entonces es cuando Centroamérica me salva, con su feminismo utópico en acto: las mujeres lencas organizadas en colectividades de productoras en La Esperanza, Honduras; las garífunas de Honduras y Belice aferradas al derecho de trabajar la tierra frente al mar para preservar sus tradiciones ancestrales; las mayas quichés, en Guatemala, defendiendo una territorialidad que no es nacional sino colectiva, ligada a la defensa de los bosques y la participación en la producción de maíz; las feministas nicaragüenses enfrentadas a un presidente que se reivindica de izquierda para acceder a los beneficios reales de un “Mercado del Sur”, y obligadas a denunciar de persona a persona los femicidios de Estado que las políticas de prohibición del aborto propician tanto como la falta absoluta de planes de defensa ambiental en el ALBA; las mujeres de la nación naso en Panamá denunciando cómo el turismo es un plan de exterminio de las culturas originarias, porque las extirpa de los territorios de producción tradicional; las costarricenses que se organizan en cooperativas de pequeñas propietarias-trabajadoras agropecuarias para alimentar una red de comercio justo desde las productoras hasta las consumidoras. Eso es puro desacato a los millones que la Cooperación Española invierte para convertirlas en consumistas de bancos y telefonía españoles; a la socialdemocracia que gasta para enseñarles que “el hombre libre vota”, como reza un cartel en la entrada de San Salvador; a la idea que la modernidad es tan deseable como el mercado.
Centroamérica. ¿Será que ese 16% de mujeres que, en los siete países, detenta de algún modo la propiedad de la tierra —colectiva o individual—, pero que efectúa el 94% del trabajo agrícola de subsistencia, tiene algo que ver con la fuerza que alimenta la resistencia feminista a la dominación capitalista? ¿Será de los países del Istmo que nos vendrán las soluciones a los problemas socio-laborales exacerbados por la globalización neoliberal en América Latina? La verdad no sé, pero desde que a finales de la década de 1990, cuando las guatemaltecas gritaron en la Universidad de San Carlos a las españolas Amalia Varcarcel y Celia Amorós, que intentaban adoctrinarlas sobre las bondades de la modernidad y de la democracia formal, que eran unas “neocolonizadoras”, a mí la mirada se me desvió hacia Centroamérica. Intuí que ahí había algo que no se había muerto en las guerras que atrajeron sobre la región la atención de periodistas y politólogos en los años 1970-1980, y culminaron en paces y remedos de democracias acorraladas por la violencia callejera y la constante —violenta— amenaza de volver a regímenes autoritarios. Un algo de resistencia creativa, de acción asentada sobre bases colectivas, que encarnaba en las mujeres y aquellas de sus organizaciones que no apelaban a los financiamientos internacionales y a la regulación de la sociedad civil.
Obviamente, una mirada “objetiva” sobre la realidad de las mujeres centroamericanas no permite un juicio optimista. Guatemala es el país que encabeza la lista de los asesinatos anuales de mujeres en América, con más de 600 homicidios públicos (es decir, no domésticos y con altos índices de violencia e irrespeto al cadáver); en Nicaragua, además de la violencia doméstica que llega al asesinato, el gobierno de Ortega ha promulgado una ley contra el aborto terapéutico que condena a muerte cerca de 90 mujeres al año, a la vez que persigue a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a las asociaciones de mujeres que denuncian este hecho; globalmente en la región el machismo (entendido como acción represiva de hombres concretos sobre bases de una misoginia cultural que los Estados no intentan revertir y solapan) hace estragos en las familias, merma el acceso de las niñas a su derecho a la educación, sustenta la desigual distribución de los trabajos y los ingresos, y sostiene que si las mujeres son víctimas de violencia es porque algo tienen que ver con merecérsela.
Centroamérica es así una de las zonas estadísticamente más peligrosas para la vida de las mujeres, más insegura para los avances de una política de equidad y con los mayores índices de discriminación económica, sin dejar de ser —o quizá siendo por ello— una de las regiones del mundo donde se gestan las alternativas más radicales al sistema capitalista y patriarcal provenientes de las mujeres reunidas alrededor de temas, zonas de producción y vivienda, problemas y propuestas concretas.
Jobita Tzul, en Totonicapan, Guatemala, me decía a mediados de enero de 2009: “Las mujeres aquí no le tenemos miedo a la crisis porque la hemos sorteado desde hace quinientos años; sabemos lo que hay que cambiar, y juntas pensamos cómo, cuánto y cuándo. Por ello desconfiamos de quien viene a imponernos un modelo de otro lado para hacerlo”. Y las mujeres del grupo guinakirina, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Popular e Indígenas de Honduras (COPINH), al programar en la radio La Voz del Pueblo Lenca cómo visibilizar su participación en las decisiones colectivas, la producción y la reflexión política, analizan su situación al interior de la comunidad, en la relación con el estado mestizo, y al interior de sus núcleos familiares tratando abiertamente temas como la violencia doméstica, la salud en relación con su autoestima, el rescate de la medicina natural, las alternativas a los grandes planes globales como el Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá) con el fin de revertir las políticas nacionales de desinterés hacia la represión implícita en la subordinación femenina.
Por lo general, la historia del feminismo centroamericano no es muy conocida, pero en 1932 Clara González fundaba en Panamá un Partido Nacional Feminista para “la total emancipación de la mujer”; el Primer Congreso Interamericano de Mujeres se realizó en Ciudad Guatemala en agosto de 1947, cuando varias maestras feministas participaban de la primavera democrática de ese país (1944-54) con propuestas políticas propias, luchando por reducir el 80% del analfabetismo que las concernía; en Nicaragua las mujeres asumieron la lucha contra la dictadura y la intervención estadounidense desde la década de 1930 hasta la de 1980, y aún hoy se enfrentan a los remedos totalitarios y misóginos de una presidencia que distorsiona el significado de esa lucha; en Costa Rica, finalmente, desde principios de la década de 1970 se asienta un feminismo culto, pacifista, explícitamente antirracista y defensor de los derechos humanos que pugna tanto para la reivindicación legal de una vida libre de violencia como por la vinculación entre el derecho indígena y el derecho a una maternidad libre, consciente y voluntaria con la ecología y el feminismo de la liberación sexual.
Los reveses sufridos por las feministas en la historia política de los países centroamericanos no han borrado la memoria de sus acciones, fomentando la reflexión actual sobre cómo la pobreza resulta de una acción de control hegemónica que llega a ser homicida de niñas, mujeres, niños y hombres en el mundo. No es casual que en América sólo en un país centroamericano, Honduras, una directora de un Instituto Nacional de la Mujer, se haya enfrentado al presidente de la república, como lo hiciera el 24 de agosto de 2008 Selma Estrada, quien renunció a su cargo después de oponerse junto con los grupos feministas autónomos e institucionales de su país a que el presidente Zelaya recibiera al mandatario nicaragüense Daniel Ortega. Zelaya le aceptó la renuncia, y ella no se alejó de la militancia, yendo al aeropuerto a recibir al nicaragüense con una pancarta que decía que no era bienvenido.
La conversión del movimiento feminista de los años 1970-1980 en un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ligadas al sistema de financiamiento internacional, y por él maniatadas, en Centroamérica se vio facilitada por la casi inexistencia de grupos autónomos anteriores a la gran ola de ONG. Seguramente, el feminismo centroamericano históricamente fue más político, en el sentido masculino del término, es decir, militante y público, que ligado a un proyecto de autoconciencia y liberación o a la proyección de la politicidad de lo privado. No obstante, hoy frente a los problemas que surgen de la confrontación entre el Estado y las mujeres que reclaman respeto a sus vidas y derechos educativos, económicos y sexuales, y sobre todo frente a las amenazas concretas contra sus vidas provenientes de los diversos ámbitos de la delincuencia generalizada (narcotráfico, maras, pequeños delincuentes que se aprovechan del clima de impunidad), las feministas de todas las tendencias en Centroamérica se unen, se mezclan, al punto que las independientes son contratadas para efectuar trabajos específicos por las mujeres de ONG, de universidades e instituciones estatales, con una libertad de interpretación y respeto mutuo inexistentes en otras regiones de América Latina.
Igualmente, la historia de luchas revolucionarias recién pasadas, a pesar de las desilusiones que ha dejado sembradas en Centroamérica, ha servido para que las mujeres reconocieran las manipulaciones de las empresas, los gobiernos, los partidos y las diversas cooperaciones internacionales, que no explicitan (u ocultan) sus finalidades a la hora de proponer trabajos e investigaciones. Vivir de la cooperación puede ser una opción para llevar a cabo trabajos urgentes con las niñas y niños de la calle, para la reconstrucción de ciudades históricas devastadas por la guerra y la miseria, para la defensa de zonas ecológicamente amenazadas, para la organización de cursos, escuelas y refugios en zonas rurales y para aprender a lidiar con las organizaciones políticas nacionales e internacionales con el fin de obtener una legislación menos desfavorable paras las mujeres; sobre todo considerando que los sueldos de la cooperación llegan a ser diez o 12 veces mayores que los mejores sueldos locales. Muchas feministas se cuestionan acerca de si el acceso a la cooperación no desata una nueva división de clases entre las mujeres centroamericanas, y en particular si en él es posible evitar el tradicional racismo blanco-criollo. Ahora bien, este cuestionamiento es asumido por el conjunto de las feministas, aun las que viven de la cooperación y que desde su seno la critican, creando así un espacio de conciencia muy original en América.
La misma Iniciativa Centroamericana de Mujeres para el Seguimiento Cairo-Beijing, tan oficialista como para dirigirse al pleno de las ministras del área, el 30 de octubre de 2008 no se ahorró un análisis de la región que incluyó la denuncia de “los gobiernos surgidos de nuestras democracias”, por la aceptación acrítica de “medidas neoliberales que privilegian el crecimiento económico sacrificando los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres”. Llegó a definir “las posiciones extremistas de algunos gobiernos de Centroamérica” como amenazantes para los avances de la democracia; “caso concreto Nicaragua, que ha violentando a las defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres, persiguiéndolas, amenazándolas y cerrando sus espacios organizativos”. Asimismo, analizó y caracterizó la creciente intromisión de posturas fundamentalistas religiosas —tanto católicas como neo-evangelistas— en las decisiones del Estado, “lo que provoca la vulneración del carácter laico de los Estados y la pervivencia de Estados confesionales en sociedades diversas y plurales, lo que restringe las libertades fundamentales e impone una visión única, dogmática y patriarcal, y obstaculiza con ello el cumplimiento de las convenciones internacionales y el avance de millones de mujeres de la región”.
No hay feminista en Centroamérica que no dude de la factibilidad de llegar a un cambio en la condición de las mujeres mediante la aplicación de políticas oficiales; independientes, universitarias y funcionarias, todas saben que la corrupción y la falta de independencia de los poderes del Estado favorecen la concentración de poder, reducen la credibilidad, fomentan la impunidad y limitan las posibilidades de incrementar la inversión pública para reducir las desigualdades. Además, de las feministas autónomas todas aceptan no sólo que hay múltiples maneras de construir conciencia, que van de la poesía al grupo de autoanálisis, de la producción cooperativa a la solidaridad con las que sufren violencia doméstica, de las familias reconstruidas a la educación callejera, y que para ello la libertad de ideas y expresión es fundamental, sino que en ocasiones es indispensable romper con la mediación con los gobiernos para mantener viva la reflexión. Ahí donde no hay voluntad de acabar con la tradición represiva contra el pueblo indígena, negro, mestizo, campesino, obrero, desempleado o indigente urbano, no puede construirse una cultura del respeto al cuerpo y a las decisiones vitales de las mujeres, porque son éstos los primeros espacios donde siempre se ha ensayado la represión del Estado y la familia.
Francesca Gargallo