Busca PGR a dueños de la guardería ABC

Hermosillo y México.- Un día después de que el presidente Felipe Calderón anunció que se aplicará la justicia “caiga quien caiga” por el siniestro de la guardería ABC, la PGR solicitó nueve órdenes de aprehensión más por homicidio culposo contra los propietarios de la estancia infantil y el ex delegado del IMSS en Sonora, entre otros.

Sin embargo, por lo menos cuatro de los inculpados —a casi un mes del incendio que ha cobrado la vida de 48 niños— ya se encuentran fuera del país.

De acuerdo con autoridades judiciales estatales, entre los buscados se encuentran políticos cercanos al gobernador de Sonora, Eduardo Bours, así como, una familiar de la primera dama del país, Margarita Zavala.

Los propietarios recibieron una subrogación del IMSS en 2001, la cual fue ratificada a finales de 2006 por el Seguro Social, pese a que existía un reporte interno que enumeraba diversas fallas, como dio a conocer MILENIO.

La Procuraduría General de la República también solicitó al juez primero de distrito de Sonora la autorización para detener a Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en la entidad hasta hace un mes, y Norma Cecilia Mendoza Bermúdez, propietaria del predio donde se encontraba la guardería y la bodega rentada por la Secretaría de Finanzas estatal, donde comenzó el incendio.

También se pide la aprehensión de Marcelo Meouchi, María Fernanda Camou Guillot y José Manuel Matiella Urquides, representantes de la guardería en diversos momentos.

Entre los nombres que se conocieron extraoficialmente no se mencionó el de Alfonso Escalante Hoeffer, ex subsecretario de Ganadería, y Antonio Salido Suárez, ex director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno estatal.

Sus esposas Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, respectivamente, aparecen como propietarias de la guardería subrogada al IMSS.

Los dos ex funcionarios, junto con sus parejas, salieron del país hace una semana, confirmaron a MILENIO familiares de Marcia Gómez del Campo.

Para impedir que los socios de la guardería ABC obtengan una extensión de amparo, ayer 12 padres de familia acudieron ante el juez décimo de distrito.

Julio César Márquez, papá de uno de las 48 niños fallecidos, expresó que se manifestaron pacíficamente para solicitar transparencia en el proceso legal contra los dueños de la guardería ABC, quienes ayer no se presentaron a declarar ante un juez federal.

Aunque solamente se requería la presencia de su abogado, existía una mínima esperanza de que los dueños de la guardería asistieran a los juzgados, dijo Márquez.

Ante eso, el juez les garantizó que se realizará un procedimiento legal, confiable y justo.

En tanto, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, informó que de los cinco funcionarios del IMSS en la delegación de Sonora que contaban con órdenes de aprehensión, Dalia Irene Botello Amante e Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadoras de zona, ya están a disposición del juzgado primero de distrito en la entidad.

La primera obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución y sigue bajo proceso, mientras que a la segunda, quien está en prisión preventiva, se le fijó una fianza que aún no ha sido cubierta.

Emigidio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales; Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías y Yadira Barrera, coordinadora zonal, promovieron juicios de amparo en los que obtuvieron suspensiones provisionales para evitar su captura, por lo que tienen la posibilidad de presentarse ante el juzgado a rendir su declaración preparatoria.

A dichos servidores públicos se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público.

Medina Mora hizo un recuento de 10 puntos que contienen los avances de la indagatoria, y destacó que “la averiguación previa está abierta y las investigaciones continúan, el Poder Judicial de la Federación tiene bajo su consideración ejercicios de la acción penal y recursos ministeriales que serán resueltos en los tiempos que establece la ley.

- Claves

Recurso

• Con el aval de 30 firmas de padres de familia que perdieron a sus hijos en la guardería ABC de Hermosillo, su representante, Giovana Valenzuela, entregó un documento al presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, donde se le solicita el “ejercicio de la facultad de investigación” prevista en el artículo 97 constitucional.

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