El pasado 22 de septiembre las asociaciones de recuperación de la memoria histórica cifraron en 143 mil 353 los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, datos que entregaron a Garzón.
Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, delegó hoy la investigación de las desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista a juzgados locales, con lo que abandona esos casos que él inició.
En un auto judicial emitido este martes, el magistrado español explicó que serán los juzgados de 20 provincias en las que hay detectadas fosas comunes las que deberán realizar estas pesquisas sobre miles de desaparecidos.
El pasado 16 de octubre Garzón sorprendió cuando se declaró él mismo competente para investigar las desapariciones, fusilamientos y entierros en fosas comunes en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que superan las 140 mil.
La decisión fue impugnada por la Fiscalía, y este jueves la Sala Penal de la Audiencia Nacional debía decidir sobre si Garzón era o no competente, por lo que con su auto se adelantó a inhibirse del caso y ser él mismo quien lo delega a juzgados locales.
En su auto de este martes, el Garzón recuerda que se extingue la responsabilidad a Franco y a 44 jefes militares y civiles de la dictadura debido que ya fallecieron y no se les puede responsabilizar penalmente, como Emilio Mola, Gonzalo Queipo del Llano, Juan Yague y otros.
En octubre pasado, el juez había considerado que las desapariciones se calificaban crímenes contra la humanidad debido a que hubo una permanente detención ilegal sin dar razón del paradero, lo que se ajusta a los conceptos de lesa humanidad y por tanto no prescriben.
Tras esta decisión, se pide la exhumación de los restos de numerosas fosas comunes en diferentes puntos de España, incluida la que se identifica como el lugar donde está enterrado el poeta Federico García Lorca, en Alfácar, Granada, sur del país.
El juez instruyó la creación de equipos de expertos, con la participación de las asociaciones de familiares de desaparecidos que han denunciado estos crímenes, de personal de juzgados y la Policía, a fin de avanzar en la identificación de fosas comunes y restos encontrados.
Las asociaciones de la Memoria Histórica presentaron su primer denuncia el 14 de diciembre de 2006 y una segunda parte el 18 de julio de 2007, por lo que en septiembre pasado Garzón pidió datos para poder decidir si era o no competente. Requirió a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y desaparecidos.
Además, incluyó la solicitud para recabar los archivos de los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, para conocer los fusilados en esa corte.
El pasado 22 de septiembre las asociaciones de recuperación de la memoria histórica cifraron en 143 mil 353 los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, datos que entregaron a Garzón.
De la relación de desaparecidos que se entregó al juez, la lista se conforma, por Comunidades Autónomas, de la siguiente manera: Castilla y León, 14 mil 660; Madrid, tres mil 424; Andalucía, 42 mil 131; Asturias, seis mil; Valencia, 29 mil 34; Murcia, mil. Asimismo, Castilla La Mancha, ocho mil 8851; Aragón, nueve mil 538; Galicia, siete mil; Cantabria, dos mil 535; País Vasco, mil 900; Navarra, tres mil 920; La Rioja, dos mil 70; Islas Canarias, dos mil 211; Ceuta y Melilla, 768; Islas Baleares, mil 486; y Extremadura, nueve mil 486.
A estos datos también se han sumado algunos de los nombres de republicanos que murieron en los campos de concentración nazis en Alemania, Austria y Francia, y otros que murieron en el exilio.
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