Senador del PRD propone “muerte civil” para corruptos

El senador Zoé Robledo propuso una iniciativa para que los servidores públicos que reincidan en actos de corrupción sean inhabilitados permanentemente.
El senador Zoé Robledo Aburto presentó una iniciativa de reforma para establecer la figura de “muerte civil” e impedir de manera permanente que funcionarios condenados por corrupción, participen en la vida pública.
El senador Zoé Robledo Aburto presentó una iniciativa de reforma para establecer la figura de “muerte civil” e impedir de manera permanente que funcionarios condenados por corrupción, participen en la vida pública. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

El senador Zoé Robledo Aburto presentó una iniciativa de reforma para establecer la figura de “muerte civil”, que se aplicaría en México para dejar sin participación alguna en procesos electorales o cargos públicos a funcionarios o políticos vinculados a casos de corrupción.

La iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado y establece que la pena se aplicaría a los servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida pública.

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El documento añade que el concepto de “muerte civil”, era utilizado en el derecho romano para calificar una pena que al imponerse a una persona, ésta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera vivo en términos biológicos.

En esta propuesta, la “muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción y que de ser aprobada, permitiría la inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Además, no podrían participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

El senador perredista propuso la inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida ésta para ejercer los derechos políticos establecidos en el Artículo 35 Constitucional, es decir, votar y ser votado para todos los cargos de elección popular.

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Durante el mismo lapso, los involucrados no podrían solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral; asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público.


OVM