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Lunes , 20.08.2018 / 05:07 Hoy

Violación sin castigo

La forma en la que se integran las investigaciones en los ministerios públicos son un obstáculo para la justicia.


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La violación en México es un crimen con altas probabilidades de quedar impune.

Del 2011 al 2013 fueron denunciadas casi 44 mil personas por el delito de violación, pero sólo el 34 por ciento de ellas ingresaron al sistema penal mexicano, aunque ello no significa que necesariamente hayan sido condenadas por ese crimen.

Además de tener que lidiar con el miedo y el estigma social, las víctimas de violación deben enfrentarse a los obstáculos que los mismos ministerios públicos representan para llevar a la justicia al victimario.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en dicho periodo –los más recientes disponibles corresponden a 2011– se registraron 15,031 ingresos por este delito en las cárceles mexicanas.

Al mismo tiempo, se registraron 43 mil 854 incidencias de violaciones en el país-

La información de ingresos a penales considera sólo cárceles estatales, pero por ser la violación un delito del fuero común este tipo de centros penitenciarios concentran a la mayoría de estos presos.

Los datos no son un reflejo exacto de cuántas detenidos por violación pisaron la cárcel del 2011 al 2013, puesto que estos casos pueden tener una duración de entre 2 y 8 años, sino del desequilibrio entre denuncias y procesos penales que terminan en pena corporal.

La complejidad del crimen mismo a nivel persona y legal aporta algunas explicaciones.

Primero se encuentra la naturaleza del procedimiento legal para presentar y dar seguimiento a una denuncia ante el ministerio público, comenta la coordinadora del área legal de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Rosalba Cruz Martínez.

Una vez que las víctimas han decidido denunciar, las víctimas deben a someterse a procesos judiciales de hasta 12 horas seguidas; pasando por la denuncia misma, la entrevista con el ministerio público donde se pide a la víctima una descripción minuciosa y explícita de lo sucedido así como una revisión médica y psicológica.

Con este proceso a cuestas, las víctimas deben enfrentar el prejuicio de los servidores públicos, que dudan del testimonio de la víctima y la carencia de infraestructura adecuada en los ministerios, añade.

Para Laura Martínez Rodríguez, directora y fundadora de Adivac, el proceso es cansado, invasivo y poco sensible a la realidad de las víctimas de violación, cuya gran mayoría son niñas, niños y adolescentes.

Los datos disponibles en el INEGI no permiten conocer el perfil de las víctimas; sin embargo, en la experiencia de 25 años de Adivac, de cada 10 casos de violación que buscan asistencia legal sólo uno corresponde a personas mayores.

Esto, sin considerar las denuncias que nunca se hacen, mejor conocidas como “cifra negra”, que estima la Asociación en más del 90% de los casos.

El caso se construye en el consultorio

Si bien las condiciones hostiles desincentivan a las víctimas a seguir con el proceso de denuncia –o incluso iniciarlo–, así como el elevado costo en abogados, el dictamen psicológico y médico son esenciales para mandar o no a reserva un caso.

Para la investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos Duarte, el funcionario público promedio en México no está lo suficientemente capacitado para entender a la víctima de violación, lo cual incide directamente en la calidad de los procesos judiciales.

Rosalba Cruz explica que este es el caso de los psicólogos de los ministerios públicos.

Derivado su inexperiencia, en su criterio muchas de las víctimas pueden no presentar sintomatología psicológica que sustente los testimonios.
Si no se aprecia un quebranto patente en las personas, su dictamen señalará que médicamente no hay evidencias, mandando al archivo el caso incluso antes de comenzar.

Lo mismo sucede en las revisiones físicas, añade la abogada. Si la víctima no presenta señales claras de violencia sexual se puede casi asegurar que un caso de violación no prosperará por falta de pruebas.

Por esta última razón las denuncias que se hacen años después de ocurrido el crimen casi nunca prosperan en cárcel para el victimario.

Todo queda en familia

Mucho depende también de quién sea el violador.

De acuerdo con información de La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del INEGI, que sólo considera a mujeres adultas solteras, con pareja o divorciadas, el 29.3% de las violaciones se dan por algún familiar.

Otro 29.3% de los violadores son desconocidos y el 22.5% son amigos, mientras el resto se reparte entre autoridades laborales, del Estado o en la escuela.



Estos datos no toman en cuenta las violaciones que se dan dentro de la pareja, y que no son reconocidas como tales, mucho menos denunciadas.

La alta incidencia de violaciones por personas del primer círculo familiar también abona al desistimiento de las víctimas por las potenciales consecuencias en la dinámica del día a día.

“Como (los violadores) son conocidos y tan cercanos, (la víctima) entra en mucho conflicto. Hay un quiebre de las redes familiares y las parejas se separan”, comenta Laura Martinez.

“Tomando en cuenta los lazos emocionales, se trata de delitos que se mantienen en secreto. También el factor género en una cultura patriarcal, en el que las mujeres son vistas como un objeto sexual al que los hombres pueden acceder cuando lo quieren”, añade la directora del Comité de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, Anita Suárez Valencia.

Finalmente, las víctimas, y los familiares que los apoyan, deben decidir si continuar el proceso de denuncia y acabar de romper lo ya roto.

Ante el desorden, nuevas estadísticas y protocolos en puerta

El Comité de Atención a Víctimas de Violencia Sexual se encuentra elaborando un diagnóstico cuantitativo a nivel nacional sobre violencia sexual con el fin de implementar un protocolo de atención a víctimas.

El estudio contempla un análisis sobre reportes de diferentes tipos de violencia ocurridos entre 2010 y 2015, para lo que el organismo perteneciente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) requirió a 10 instituciones en las 32 entidades federativas y el gobierno federal, entre ellas las instituciones de procuración de justicia, los institutos de la mujer y del Sistema DIF, así como los servicios de salud, entre otros.

Hasta ahora los resultados son poco prometedores dice la directora del Comité, Anita Suárez Valencia: “muchas de las instituciones consultadas nos dicen que no tienen datos de manera ordenada, desagregada por sexo, datos de la biografía de la persona, lo que en muchos casos explica que el problema no sea visibilizado”.

En el caso de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, el comité prepara la implementación de un protocolo de atención a víctimas en el que participaron 23 instituciones y organizaciones dela sociedad civil, entre ellas Adivac.

El objetivo es que se aplique a nivel nacional a través del Sistema Nacional de Víctimas, cuyo brazo ejecutor es precisamente la CEAV.

Así mismo, Adivac, una de las pocas asociaciones especializadas en asesoría y tratamiento de víctimas de violación, se encuentra preparando un reporte estadístico en la materia con base en 15,000 entrevistas iniciales.

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