Abogados debieron pedir traductor: diputado

El priista José Juan Guajardo dijo que en el caso de la comunidad triqui, los abogados de ellos pudieran ser la causa de que no contaran con un traductor al no solicitarlo. 
Fueron retirados del local 2085 de Plaza Fiesta San Agustín.
Fueron retirados del local 2085 de Plaza Fiesta San Agustín. (Pryscilla Valdez)

Monterrey

El no haber contado con un traductor al momento de enfrentar un juicio oral por parte de unos comerciantes integrantes de una comunidad triqui, pudo haber sido a causa de las omisiones en que incurrieron sus propios abogados, consideró el diputado priista José Juan Guajardo.

El también abogado, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social del Congreso del Estado, expresó que ha tenido varias pláticas con representantes del Poder Judicial, donde ha manifestado que es necesario que en esta autoridad cuenten con traductores para casos como el referido, y la respuesta es que sí los tienen, sin embargo los abogados tendrían que haberlo solicitado.

"Yo he platicado con el presidente del Tribunal del Poder Judicial en varias ocasiones donde le hemos expuesto las necesidades que presentan las comunidades indígenas en el estado, y ellos han afirmado que tienen traductores a disposición de las comunidades indígenas.

"Según lo que yo leí en la nota, creo que también hubo por ahí unas omisiones de los abogados que ellos traían, entonces creo que es una corresponsabilidad que podría ser de la autoridad como de la gente que los asistió a ellos en este tema", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que artesanos de la comunidad triqui, que vendían sus productos en un local de Plaza Fiesta San Agustín, denunciaron que la falta de un traductor de su lengua materna durante un juicio oral los llevó a firmar un convenio con la inmobiliaria sin saber el contenido.

Presuntamente en el documento se mencionaba una fecha límite para elaborar un nuevo contrato de arrendamiento con la plaza comercial, sin embargo, cuando Adalberto Hernández Álvarez y Ana María de Jesús González lo solicitaron se les negó y posteriormente fueron retirados del lugar.

Ante esto, los afectados presentaron una demanda, asesorados por el abogado Luis Torres González y René Licona Vázquez, y supuestamente uno de los dos litigantes pertenece a la comunidad de los denunciantes, por lo que también podría hablar la misma lengua.

Una fuente allegada al caso mencionó que en realidad el problema se originó porque la inmobiliaria del lugar incrementó el costo de las rentas, pero a todos los locatarios no sólo a los artesanos, por lo que el incremento fue parejo y no se trató de un acto de discriminación, ya que ellos no aceptaron pagar más.

"Tendrían que haberlo solicitado al momento de presentarse el caso concreto, saben que son personas con un dialecto distinto, que no conocen perfectamente el español, deberían de haberlo asistido también ellos, ahora, uno de los abogado (de los triquis) pertenece a la comunidad de ellos, entonces creo que hay un poco de omisión por parte de quienes los asistieron en el proceso.

"Yo creo que aquí el papel de la autoridad es orientarlos a que deben de tener un abogado que entienda el lenguaje de ellos y los atienda de manera correcta, porque insisto, tanto en Defensoría de Oficio como en el Poder Judicial tenemos conocimiento de que hay estas facilidades para las comunidades indígenas", comentó.