CTAINL pide justificar reserva de convenio de Kia

La Comisión de Transparencia dio un plazo de tres días al Estado para dé una explicación y así analizar si la Secretaría de Economía y Trabajo incurrió en alguna anomalía al firmar con la armadora. 

Monterrey

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) emplazó al Gobierno del Estado para que justifique por qué reservó hasta por siete años el convenio que realizaron con la armadora coreana Kia Motors.

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Lo anterior se desprende luego de una denuncia que interpuso la diputada local del PRI, Gloria Treviño, ante la Comisión y ésta determinara que, en un lapso de tres días hábiles, el gobierno debe presentar sus alegatos del porqué se reservó dicha información.

Dado que el plazo vence este martes, la legisladora local informó en rueda de prensa que, una vez que el Estado responda, la Comisión analizará si la Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT) incurrió en alguna anomalía y, en su caso, obligarlo a hacer público dicho convenio.

Por lo pronto, adelantó, ven con irregularidad la asesoría que brindó el despacho Canales Dávila, cuyo socio es Bernardo Canales Fausti, sobrino del fiscal anticorrupción, Ernesto Canales Santos.

"Ya recibimos la notificación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información donde están dándole ya tres días al ente obligado, que es la Secretaría de Economía, a que proporcione lo que es (la justificación de reserva) de este convenio con Kia, que nosotros solicitamos se dé la apertura total, que no exista reserva de ningún tipo.

"Esperamos que se entregue esta información y sobre todo a la Auditoría Superior del Estado, quien tiene ya más facultades y que pueda seguir revisando las cuentas públicas del 2016", comentó.

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Gloria Treviño sospecha que tras el servicio de asesoría, brindado por 2.8 millones de pesos, pudiera haber anomalías.

"Estamos hablando (de presuntas anomalías) por una asesoría de 2.8 millones de pesos y se le dio precisamente al sobrino del actual fiscal anticorrupción pues eso nos da pauta a que puede haber muchas cosas de ¿Por qué reservarlas? Qué se está ocultando que no se pueda saber", dijo.

La diputada local consideró que en este caso el Estado no deberá excusarse en reservar la información por motivos de seguridad, ya que no está en riesgo la integridad de nadie.

Calificó como "argucias legales" lo que la administración de Jaime Rodríguez hizo para poner bajo reserva el contenido del convenio.

"Queremos saber qué es en lo que asesoró este despacho", concluyó.