Del “ni soñando” a los "cascos azules"

El anuncio del mandatario representa la transformación más radical de mentalidad que las fuerzas armadas hayan encarado en décadas.
Soldados mexicanos en Nueva Orleans, EU, en 2005, en auxilio de las víctimas del huracán "Katrina".
Soldados mexicanos en Nueva Orleans, EU, en 2005, en auxilio de las víctimas del huracán "Katrina". (Rocío Vázquez/Archivo)

México

 “Ni soñando”. Así definió en 2002 el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega, la idea de que México participara en misiones de mantenimiento de la paz bajo el mando de un general extranjero. El Ejército, advirtió, tiene demasiado que hacer en el país como para andar saliendo a “aventuras bélicas” en otros continentes.

Podrá tener todavía demasiado que hacer, pero 12 años después del “ni soñando” de Vega ya se pasó al sí: la anuencia dada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto a la participación militar de México en misiones de mantenimiento de la paz representa la más radical transformación de mentalidad que las fuerzas armadas de México hayan tenido que encarar en décadas. Tanto el Ejército como la Marina tendrán que pasar de generaciones de abierto rechazo a servir, por primera vez en 65 años, bajo la bandera de la Organización de Naciones Unidas como cascos azules.

Aunque el anuncio de ayer comprende también el eventual envío de personal civil a zonas de conflicto o desastre natural, es su componente castrense el que más polémica y resistencia ha suscitado en México. La primera participación de militares mexicanos en misiones de paz data de 1947, año en el que se despachó una misión de observadores a los Balcanes. En 1949 se hizo lo mismo en Cachemira, en la frontera entre India y Paquistán. Fue la última vez que se accedió a un llamado de la ONU.

Luego vinieron la Guerra Fría y los golpes y gorilatos en Centro y Sudamérica. Del furor multilateral posterior a la Segunda Guerra Mundial se pasó a una política defensiva. Desde entonces, ningún soldado o marino mexicano ha vuelto a servir en coaliciones multinacionales en capacidad oficial, ni siquiera tras la normalización democrática de Latinoamérica en los 90.

Es una ausencia que contrasta aún más cuando se confronta con el hecho de que de las 20 principales economías del mundo solo México se ha abstenido de colaborar con cascos azules en misiones de paz, incluso cuando se ha tratado de conflictos que le afectan directamente, como la guerra civil de Haití en 2004.

También a nivel Latinoamérica se ha perdido la oportunidad. Casi todos los países de la región han aportado y aportan aún militares y policías a la ONU, desde Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, hasta Colombia, Guatemala y Venezuela, entre otros. La negativa se ha considerado como uno de los factores que más ha pesado en contra de las aspiraciones mexicanas de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como representante latinoamericano. ¿Cómo hacerlo, a final de cuentas, si no se estaba dispuesto a colaborar en el orden internacional?

No son pocas las críticas recibidas por el Estado mexicano ante la que se ha percibido desde el exterior como una falta de compromiso, en particular por otros países que sí se han mostrado dispuestos a sacrificar vidas en misiones multilaterales. “Una gran nación tiene derechos pero también grandes deberes (y entre esos) está el precio de la sangre de sus soldados”, dijo en 2009 el entonces  presidente francés Nicolas Sarkozy durante una visita a México en la que su llamado a participar en operaciones de paz quedó eclipsado por el affaire de Florence Cassez.

Si el tamaño y costo del despliegue internacional de los países de Latinoamérica es un indicador, a los soldados mexicanos espera una aventura inédita y, sin duda, con riesgos: hoy hay tropas de la región estacionadas en el Sahara Occidental, Darfur, Haití, República del Congo, Chipre y Líbano, por mencionar solo algunos puntos de tensión internacional. Desde 1949, 165 militares latinoamericanos han fallecido en misiones de cascos azules.

Y si bien sorprende, la idea que ahora rescata la Presidencia de la República no es nueva. Carlos Salinas jugueteó con la noción de misiones militares y colaboró con el envío de la ahora extinta Policía Federal de Caminos en El Salvador, hasta que la crisis zapatista le hizo archivar sus planes más ambiciosos. Ernesto Zedillo ni siquiera lo contempló, ocupado como estaba en apagar el fuego en Chiapas. Bajo la recomendación de su primer canciller, Jorge Castañeda, Vicente Fox lo intentó y luego se echó atrás ante la resistencia del PRI en el Senado y la molestia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si hubo un momento clave, ese vino en 2002, cuando todo estaba listo para que la ONU comenzase a entrenar a las primeras tropas mexicanas en un centro de adiestramiento en Uruguay. “La Marina está muy abierta al tema, pero el Ejército no quiere”, advertía el entonces consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, una de las voces que más presionaba para la apertura. Luego vino el “ni soñarlo” de Vega y el proyecto se fue al olvido.

Pero la vida da vueltas. Una década más tarde y no coincidentemente, Gómez Robledo ocupa el cargo de subsecretario para Temas Multilaterales de la cancillería. La propuesta presidencial de ayer tuvo que pasar por su escritorio forzosamente.

“KATRINA” Y HAITÍ, DOS CARAS

Otro potencial hito vino y se fue en 2005, cuando el Ejército Mexicano cruzó la frontera con Estados Unidos para asistir a víctimas del huracán Katrina en Texas y la Marina envió a infantes a Nueva Orleáns. En su momento, fue calificada de una misión histórica de la que se podrían extraer lecciones y que, quizá, podría abrir la vía a una reinterpretación de la negativa militar a operar en el extranjero. No sucedió así. Terminó rápidamente olvidada.

Y si Felipe Calderón lo consideró un tema inviable —con el Ejército desplegado al punto del quiebre en la ofensiva nacional contra el narcotráfico—, fue otro desastre natural el que abrió la puerta para el cambio.

No fue sino hasta 2010 que otra oportunidad habría de presentarse. El terremoto de Haití, que mató a más de 100 mil personas, sirvió de parteaguas para los mandos castrenses y navales mexicanos: en condiciones de colapso total por parte del gobierno haitiano, debieron implementar y superar los retos propios de la más grande operación jamás emprendida por el Ejército y la Marina en territorio extranjero.

Con bases independientes de la misión de Naciones Unidas para Haití (Minustah), tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina Armada lograron operar en Puerto Príncipe durante más de 250 días, tendiendo un puente aéreo y marítimo nunca antes intentado por las Fuerzas Armadas mexicanas.

El mito se rompía. Operar fuera de territorio nacional no era —no es— imposible para un país como México.