Señala Tribunal diferencias entre nuevo y viejo sistema de justicia

Los jueces estamos procurando que si nos quedan un solo par de pruebas válidas, tratar de construir el argumento con ellas, dijo el presidente del TSJ, Carlos Arenas.

Monterrey

A semanas de las acusaciones hechas por alcaldes metropolitanos que señalan que los jueces locales favorecen la liberación de personas detenidas por las Policías locales, por primera vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, explicó públicamente la situación real.

En rueda de prensa, el servidor público explicó que hoy se vive una nueva realidad constitucional derivada de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 y mostró un comparativo de los criterios basados en el viejo y el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), entre los que se destaca que el arraigo ordenado por autoridades locales es inválido, o que los delitos contra la seguridad de la comunidad, o la pena equiparable a robo, ahora son anticonstitucionales, por mencionar algunas disposiciones, de acuerdo con los nuevos criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vivimos una nueva realidad constitucional en el país, sobre todo a partir del 2011, esta nueva realidad constitucional nos ha obligado particularmente a la Suprema Corte de Justicia a reconstruir los criterios de jurisprudencia para que estos sean conformes con los derechos humanos previstos en la Constitución y en tratados internacionales, particularmente en la materia penal”, dijo.

El magistrado pidió a los periodistas que acudieron un tiempo de 20 minutos para explicar los cambios generados a raíz del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Mencionó que los criterios de la SCJN de la década de los ochentas y noventas establecía por ejemplo, que la detención ilegal de la persona no invalida prueba, mientras que los nuevos criterios a partir del 2008, sí.

Además, antes las pruebas ilícitas no eran eliminadas del proceso, sino, en su caso, hasta la sentencia, mientras que ahora existen mayores filtros para la exclusión de pruebas ilícitas antes de la sentencia.

Otro ejemplo es el que con el viejo sistema las detenciones prolongadas, confesiones obtenidas por coacción, la confrontación irregular de testigos con acusados y la ligereza al interpretar la flagrancia a partir de las reformas ya son inadmisibles, ya que el nuevo juicio oral penal funciona de acuerdo a los nuevos estándares en materia de derechos humanos.

“Precisamente para acotar a que ya no haya en los estados contrarreformas… (el) Código Nacional que fue avalado por todos los legisladores del país; muchos políticos que actualmente se están rasgando las vestiduras fueron políticos que en su momento aprobaron las reformas constitucionales o el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Citó que, de acuerdo con la Corte, desde 2008 no hay atribuciones para los jueces locales o diputados locales en materia de delincuencia organizada, y por lo tanto, desde ese año los arraigos no pueden ser solicitados ni dictados por autoridades locales, y casualmente durante el periodo en que imperó el crimen organizado en la entidad, comúnmente a los detenidos se les dictaba arraigo.

“Los jueces, particularmente en el estado de Nuevo León, en donde somos tal vez el estado con más tramo avanzado en la implementación y en la experiencia de estos nuevos juicios orales, particularmente por esa experiencia, evitamos leer la 'letra chiquita', evitamos ser formalistas, evitamos encontrar en la norma algún resquicio en donde podamos cobijarnos y decir: 'Pues no es nuestra responsabilidad', estamos también siendo responsables y tratar de establecer el sentido constitucional de las normas en materia penal.

“Nosotros los jueces estamos procurando que si nos quedan un solo par de pruebas como válidas, tratar de construir el argumento más sólido posible con base en esas pruebas, no por el hecho de que se haya detectado alguna irregularidad en el proceso, eso no deberá invalidar todo el proceso, deberá continuar con lo que quede validado”.

Mencionó que de tres mil 909 mil casos tratados en el Tribunal, es mínima la cantidad que se ha visto reflejada en los medios de comunicación.
Arenas Bátiz sugirió al Poder Legislativo cuidar la técnica legislativa para no crear leyes que puedan resultar inconstitucionales y permitan liberaciones.

Reconoce falta de comunicación

Arenas Bátiz reconoció que hay una falta de comunicación entre el Tribunal y los alcaldes metropolitanos, por ello se dio la crisis actual derivada de este tema, sin embargo dijo que el Tribunal y los jueces están dispuestos a dar cursos de capacitación a quien lo desee, ya sean de las Policías municipales, de la Procuraduría de Justicia e incluso a representantes de los medios de comunicación, para actualizarse en torno al NSJP.