La reforma anticorrupción en 10 puntos

Conoce los puntos principales de las modificaciones a la Constitución que se aprobaron en la Cámara de Diputados para prevenir y sancionar actos de corrupción.
La reforma anticorrupción busca prevenir y sancionar actos delictivos
La reforma anticorrupción busca prevenir y sancionar actos delictivos (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó este jueves las reformas a la Constitución en materia de combate a la corrupción entre las que destacan la ratificación del secretario de la Función Pública por el Senado, la posibilidad de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar los recursos del ejercicio fiscal en curso y la obligatoriedad para los servidores de presentar una declaración de intereses además de la patrimonial.

Estos son los 10 principales puntos de la reforma:

1.- Servidores sí tendrán que presentar una declaración de intereses además de la de su patrimonio. Hacerlas públicas seguirá siendo opcional.

El dictamen establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

No se otorgan facultades a las autoridades para verificar y validar la información presentada como exigían organizaciones de la sociedad civil.

Únicamente se establece que las declaraciones deben presentarse "bajo protesta de decir verdad".

2.- Los titulares de los órganos internos de control ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados.

El dictamen establece que los titulares de los órganos internos de control que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

3.- Los órganos internos de control tendrán más facultades de revisión.

El dictamen establece que los órganos internos de control deberán prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

También podrán aplicar sanciones, cuando no sean competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Deberán de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales.

Y habrán de presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las dependencias públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal contarán con órganos internos de control que tendrán las mismas atribuciones que los órganos federales.

4.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a los servidores y particulares por actos de corrupción.

El dictamen establece que deberá imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal estará compuesto por dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones.

El Presidente de la República designará a los magistrados que deberán ser ratificados por las dos terceras partes del Senado.

5.- La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores.

El dictamen establece que derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores.

También para sus trabajos de planeación de auditorías podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

6.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales destinados a los estados y municipios.

El dictamen establece que fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Cuando los préstamos de los estados y municipios cuenten con garantías de la Federación, podrá fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

Se precisa que la fiscalización se deberá hacer sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

7.- No se acelera la presentación, ni revisión de la cuenta pública.

Las organizaciones de la sociedad civil pedían adelantar los tiempos de presentación y revisión de la cuenta pública los cuales en el dictamen permanecen sin cambios.

8.- Se especifican las sanciones a las que se podrán hacer acreedores los responsables de actos de corrupción.

El dictamen establece que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados mediante juicio político cuando incurran en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito

Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

9.- Los delitos de corrupción prescribirán a los 7 años.

El dictamen establece que cuando los actos u omisiones administrativas fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Las organizaciones de la sociedad pedían que esta prescripción fuera de por lo menos 15 años.

10.- El Sistema Nacional Anticorrupción será el encargado de coordinar la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.

El dictamen establece que el Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Se establece que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley

Entre sus facultades de coordinación estará:

-El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales.

-El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Se establece también que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.