Aprueba comisión dictamen del sistema anticorrupción

El proyecto de reforma anticorrupción se aprobó con 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra; será llevado mañana al pleno de San Lázaro para su discusión.
Reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. (Héctor Tellez )

Ciudad de México

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que será llevado mañana al pleno para su discusión.

El proyecto fue avalado con 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

En tanto, las reservas a este dictamen serán discutidas mañana en el pleno de la Cámara de Diputados donde se le dispensarán todos los trámites para iniciar su discusión y eventual aprobación.

El dictamen de 165 cuartillas considera reformas a 14 artículos de la Constitución Política para dar origen a un Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Federal de Acceso a la Información, con el mandato de diseñar políticas públicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como prevención de actos de corrupción.

Entre los aspectos consensuados por las diversas fuerzas políticas destacan la ratificación del secretario de la Función Pública por parte del Senado; la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales de los estados, así como la ampliación a siete años de la prescripción de faltas administrativas graves.

El proyecto prevé además sancionar los conflictos de interés de los servidores públicos y establece la posibilidad de aplicar la extinción de dominio sobre los bienes derivados de enriquecimiento ilícito.

Una vez avaladas por el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma anticorrupción deberá ser ratificada por el Senado de la República y la mayoría de las legislaturas locales, y el Congreso de la Unión contará con un plazo de un año para expedir las leyes secundarias correspondientes.