El sistema anticorrupción que los diputados quieren

Las declaraciones patrimoniales y de intereses que presenten los servidores públicos podrán seguir siendo privadas, de acuerdo a lo que prevén aprobar las comisiones dictaminadoras de la reforma.
En el pleno de la Cámara de Diputados guardaron un minuto de silencio a la memoria del diputado priista Gabriel Gómez Michel, quien fue secuestrado y asesinado.
En el pleno de la Cámara de Diputados. (Fernando Damián)

Ciudad de México

Además de la declaración patrimonial, los servidores públicos seguirán obligados a presentar una declaración de intereses personales, de acuerdo con la reforma anticorrupción que se discute en la Cámara de Diputados, pero no tendrán que hacerlas públicas si no quieren.

Estos son los principales temas en los que ya tienen coincidencias los diputados que aprobarán la reforma anticorrupción esta semana:

-Las sanciones contra los actos de corrupción

Los servidores públicos que cometan actos de corrupción serán sancionados con la suspensión, destitución e inhabilitación, así como con multas que se deberán establecer de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y por los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones.

Los partidos coinciden en que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa sea el que sancione los actos de corrupción considerados como faltas administrativas graves y que cualquier otra falta sea investigada y sancionada por los órganos de control interno de las dependencias.

Los tribunales de justicia administrativa también podrán sancionar a los particulares que incurran en hechos vinculados con corrupción.

-La prescripción de los actos de corrupción o faltas administrativas

Los partidos políticos coinciden en aumentar la prescripción de las faltas graves como actos de corrupción. En la ley actual la prescripción del delito o la falta no puede ser menor a tres años.

El PRI proponía que no fueran inferiores a cinco años; el PAN también quiere que no sean inferiores a cinco años, pero tratándose de corrupción no sean inferiores a quince años; el PRD propone que los plazos de prescripción no sean menores a diez años.

El acuerdo logrado por los coordinadores parlamentarios establece que los actos de corrupción no prescribirán antes de 7 años.

-Los tiempos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación

PRI, PRD y PAN coinciden en que la Auditoría Superior de la Federación pueda iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

PAN y PRD proponen que la Auditoría Superior pueda solicitar información del ejercicio en curso, para los trabajos de planeación de sus auditorías.

PRI, PRD y PAN coinciden en que la Auditoría Superior podrá fiscalizar los recursos federales de fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.

Los coordinadores parlamentarios acordaron que la Auditoría podrá fiscalizar hasta un 92 por ciento de los recursos de los estados.

El PAN y el PRI proponen que, previa denuncia fundada y motivada y con autorización del auditor superior de la Federación, la Auditoría pueda revisar durante el ejercicio en curso a las entidades fiscalizadas.

-Facultades para la Auditoría Superior de la Federación

Todos los grupos parlamentarios coinciden en que la Auditoría podrá pedir que las autoridades competentes sancionen cuando detecte irregularidades en las revisiones que haga aunque sean del ejercicio en curso.

-El debate por el nombre del sistema

Los partidos políticos coinciden en facultar al Congreso para expedir una Ley General del Sistema Nacional contra la corrupción pero todos tienen una propuesta distinta de nombre:

-Sistema Nacional Anticorrupción (PAN y PVEM).

-Sistema Nacional de Integridad Pública (PRI).

-Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización (PRD).

-La participación de la ciudadanía en el sistema anticorrupción

Los partidos políticos coinciden en crear un sistema nacional de combate a la corrupción que incluya la participación ciudadana, pero tienen diferentes propuestas para su integración.

Entre sus coincidencias proponen que se integre por el Auditor Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el comisionado presidente del IFAI, el representante del Consejo de la Judicatura y un representante del Comité de Participación Ciudadana.

-El debate en el Congreso y su aprobación

Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados se reunirán este martes por la tarde para avanzar en la elaboración del dictamen de la reforma anticorrupción.

Los grupos parlamentarios confían en que esta semana quede aprobado tanto en comisiones como en el pleno. La reforma debe enviarse al Senado para su análisis.

El Senado de la República ya había aprobado la reforma, pero se sumaron cambios en San Lázaro por lo que debe volver a la cámara alta.