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Jueves , 19.07.2018 / 16:08 Hoy

Senado propone castigar tortura con 30 años de cárcel

En el predictamen se establece que el delito de tortura, tratos inhumanos y degradantes se sancionará con 20 años de cárcel; pero, la pena se agrava con 10 años más cuando sea un servidor público.

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Angélica Mercado

A dos semanas de concluir el periodo, las comisiones dictaminadoras circularon a senadores el predictamen de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se propone que sea imprescriptible y se sancione hasta con cárcel de 30 años, en casos agravados.

“Ya están los documentos en las oficinas, en estos días se hará la revisión y modificaciones. En primer lugar se define el tipo penal, el Ejecutivo proponía dos, pero hay que debatirlo y una parte central es la creación del registro de personas para prevenir torturas y desapariciones forzadas”, destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña.

Habrá un Registro Nacional del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y/ o degradantes, que será la herramienta de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se investigue el delito de tortura; incluirá el número de víctimas, integrado por las bases de datos de las instituciones de Procuración de Justicia.

En el documento se establece que el delito de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes se sancionará con 20 años de cárcel. Sin embargo, la pena se agrava con 10 años más cuando quien cometa el delito sea un servidor público.

El delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles.

Se plantea que no constituyan causas de exclusión del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la obediencia debida a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten la comisión de estos delitos.

En todo caso, las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.

No se consideran como causas de justificación o excluyentes de responsabilidad de los delitos materia de esta Ley, el que existan o se invoquen circunstancias especiales o situaciones excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías.

Para garantizar de manera integral la prevención de los delitos en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional de Prevención como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional.

El mecanismo estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y lo presidirá el ombusdman.

Además, el titular de dicho mecanismo designará al director ejecutivo del mismo. Se subraya en el predictamen que las autoridades responsables de la custodia de los lugares de privación de la libertad “deberán otorgar las facilidades necesarias para que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención cumpla con su función libremente y en condiciones de seguridad”.

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