Organizaciones se oponen a ley que normalice a militares en calles

Organizaciones civiles se opusieron a que en la Ley de Seguridad Interior se normalice la presencia de las fuerzas armadas en las calles, por lo que pidieron establecer contrapesos.
Cruz Juvenal Roa Sánchez dijo que la presencia del Ejército sí inhibe los delitos.
Las organizaciones se opusieron a una ley que normalice la presencia de militares en las calles. (Tania Contreras)

Ciudad de México

Organismos defensores de derechos humanos, especialistas y académicos objetaron la intención del Congreso de normalizar la presencia e intervención militar en el país.

Sin embargo, reconocieron que dotar de un marco jurídico a las fuerzas armadas es importante, porque han hecho un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer.

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"Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito", dijeron.

Organizaciones como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, FUNDAR, México Unido Contra la Delincuencia, SERAPAZ y especialistas como Guillermo López Portillo, dijeron en una carta pública que cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la ONU.

Recordaron que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México propuso regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. "Debe además ir acompañada por una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla".

En la carta, la sociedad civil exige a diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías, como plantean las iniciativas del senador panista Roberto Gil y el diputado priista César Camacho Quiroz.

"La suspensión de garantías sin verdaderos controles y contrapesos incentiva el uso arbitrario del poder y vulnera a la población civil", indicaron.

Al abundar que la Cámara de diputados debe actuar como garante de la Constitución, como un contrapeso al ejecutivo y al partido en el poder, por lo que le exigieron una discusión pública sobre el actual proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional.

Los organismos defensores de los derechos humanos señalaron que el saldo de la guerra contra las drogas en México es grave, pues en 10 años México ha acumulado más de 200 mil homicidios y más de 28 mil personas desaparecidas.

"Los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Peña Nieto es equivocada", aseguraron.

Mientras que el endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país.

"Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente. El sistema adversarial que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura".

Señalan que las policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años y la dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.

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Destacaron que "está por aprobarse" en la cámara de Diputados, la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en situaciones de emergencia, para que el Estado actúe rápidamente, lo que implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios.

En su opinión, el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías.
Además de que la iniciativa incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.


JASR