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Viernes , 25.05.2018 / 01:27 Hoy

Sánchez Isidoro 'decide' no ir por la alcaldía de Coacalco

Dijo que atenderá "de forma responsable el llamado de las autoridades", esto después de ser vinculado a proceso por el delito de omisión dolosa.

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Alejandra Gudiño

David Sánchez Isidoro dio a conocer "su decisión" de declinar en sus intenciones de participar como candidato a presidente municipal de Coacalco por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y "atender de manera responsable el llamado de las autoridades", esto después de ser vinculado a proceso, junto con los integrantes del ayuntamiento y ex funcionarios de la administración que él encabezó en el trienio 2012-2015, por el desacato de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cubrir el pago de un laudo de más de 4 millones de pesos.

Fuentes del PRI informaron que ante ello, Gabriel Vázquez Domínguez, quien ocupó diversos puestos en las administraciones dirigidas por Sánchez Isidoro, el último como subdirector de Servicio Públicos, será quien abandera a ese instituto político en los comicios locales de julio próximo.

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David Sánchez ha sido dos veces presidente municipal y debido a ese desacato, enfrenta el cargo de "omisión dolosa", igual que el ex presidente municipal Erwin Castellón Enríquez, los ex integrantes del Cabildo y ex funcionarios.

En un texto difundido en su cuenta de redes sociales anoche, David Sánchez refirió que declina para hacer frente a ese llamado de la autoridad, "con la certeza de que de nunca haber actuado con dolo ni mala fe en el ejercicio de mis funciones. !David Sánchez no les ha fallado y no les fallará!, Gracias por permitirme demostrar que cuando se quiere, sí se puede", refirió en su breve mensaje.

El pasado 7 de marzo un juez de Distrito con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl determinó vincular a proceso a los ex alcaldes de Coacalco Erwin Castelán Enríquez y David Sánchez Isidoro, igual a sus tesoreros, síndicos y regidores de las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, esto por el delito de omisión dolosa.

En la audiencia correspondiente, se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión y por eso su vinculación a proceso.

Ante ello, los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, misma que fue fijada mediante una garantía de cinco mil pesos por cada uno. Los procesados tendrán que acudir a firmar para que puedan seguir su proceso en libertad.

La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa ya que el juicio de amparo que se les imputa data de 2013, lapso en el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos que tenia las administraciones y ninguno hizo el pago, que inicialmente era de dos millones de pesos y ascendió a más de cuatro millones.

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En la audiencia se hizo ver que los requerimientos fueron constantes desde 2013 y hasta 2017 y fueron exhortados por las autoridades para realizar el pago del extrabajador, pero ninguna cumplió, argumentando que no había partidas presupuestales para ello.

Empero, hay información de que solicitaban apoyos gubernamentales o prestamos para cubrir algunos adeudos y pendientes de sus administraciones y en ningún momento se cubrió el pago, lo que convirtió el asunto en una situación dolosa.

El juez fijo un término de seis meses para aportar pruebas, lapso en el que deberán firmar los 32 ex funcionarios.

A los ex alcaldes y ex funcionarios podrían fincárseles responsabilidad e inhabilitarlos, alcanzando una pena de cinco a diez años de prisión, multa de 100 a mil días y, en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad pública a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.

SGCF

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