En riesgo, plan de protección a niños y adolescentes

A menos de tres meses de que se cumpla el pazo para la entrada en operación de la procuraduría en la materia, la Segob no ha definido el monto necesario para su creación.
Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob.
Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob. (Sara Escobar/Archivo)

México

Los recientes recortes al presupuesto ponen en riesgo la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creado a partir de la única iniciativa preferente presentada hasta ahora por el presidente Enrique Peña Nieto.

La creación de la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes —dependiente del DIF y de la Secretaría Técnica del sistema (que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación)— está en impasse por la falta de recursos, pues hasta ahora ambas dependencias desconocen el monto necesario para su funcionamiento.

La ley establece como fecha límite el 2 de junio para la puesta en marcha del sistema, es decir, 180 días luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (4 de diciembre de 2014).

Ambas dependencias avanzaron en la adecuación de sus reglamentos internos, pero ninguna cuenta con recurso etiquetado.

De acuerdo con el decreto, debió considerarse como prioritaria en el presupuesto.

“Se tiene que hacer una reasignación, una redistribución de los recursos, pero eso de ninguna manera significa que se quede coja. Es una ley que contará con todos los medios que necesite para su implementación en este año y en los siguientes. Es un sistema que irá requiriendo la definición, el incremento, ajustes y presupuesto…

“No digo que vaya a ser fácil, pero no quiere decir que no se va a hacer”, dijo Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob.

Frente al recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público anunciado por el gobierno federal, el funcionario confió en que la Secretaría de Hacienda realice los ajustes necesarios.

Hasta ahora, la Segob no ha definido el monto necesario para la creación de un nuevo órgano desconcentrado que se sumará a los 17 que operan actualmente.

“Así se han creado otros órganos, incluso al interior de la propia secretaría. Se ha ido avanzando para que al principio arranquen, luego vayan estructurándose, luego vayan cumpliendo con sus funciones…”

El asunto no es menor: la Secretaría Ejecutiva es responsable de la coordinación del SNPI, “instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En el DIF la situación no es distinta. El organismo aprobó las modificaciones al estatuto orgánico para crear la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes, pero tampoco hay dinero para que inicie operaciones.

La procuraduría es la encargada de coordinar y dar seguimiento entre los distintos niveles de gobierno a las medidas de protección especial y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través de una solicitud de información, María Teresa Colorado Estrada, directora General de Programación, Organización y Presupuesto del DIF, dijo que el presupuesto autorizado al sistema “no incorpora recursos destinados a la creación y operación de la procuraduría”.

En tanto, la dirección nacional del DIF declaró que realizan las estimaciones presupuestarias para el funcionamiento de la procuraduría para luego gestionar los recursos.

De acuerdo con un documento elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el DIF necesitará al menos mil millones de pesos adicionales a los 49 millones 360 mil 919 pesos asignados en el Presupuesto de Egresos 2015.

A su vez, los 31 estados y el Distrito Federal deberán hacer las adecuaciones en sus estatutos para crear procuradurías encargadas de coordinarse con autoridades de los tres niveles de gobierno y así garantizar la protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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“Los diputados incumplieron. No hay recurso etiquetado, sino gasto corriente. Tenemos ahora una ley que pretende superar 25 años de rezago y armonizar nuestro marco normativo con la Convención de los Derechos de los Niños. No es una tarea sencilla. Incluso con presupuesto y voluntad política tardará años en realizarse”, expresó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.

En México, los niños, niñas y adolescentes son casi 40 millones de ciudadanos que representan 35.7 por ciento de la población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El Redim señaló que la falta de operatividad en la ley impide garantizar sus derechos, situación que ha sido informada al Comité Sobre los Derechos del Niño de la ONU, que en mayo se reunirá en Ginebra.

México acudirá al encuentro para presentar su cuarto y quinto informe consolidado sobre el cumplimiento de la convención.

Hasta ahora, organizaciones y activistas han buscado acercamientos con diputados y senadores para analizar la posibilidad de reorientar el presupuesto antes de cumplirse el primer trimestre.

La probabilidad, reconoce el activista, parece lejana, luego del recorte presupuestal por 124 mil millones de pesos.

“Estamos hablando del interés superior del niño. (El Congreso) tiene la oportunidad de hacer un ajuste antes del primer trimestre del año. Sin presupuesto, no hay posibilidad de que se materialice la ley. Y aún así, el cambio no será inmediato”.

MILENIO buscó a la senadora panista Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para conocer los avances en las negociaciones; sin embargo, ni ella ni el resto de los integrantes de la comisión quisieron dar declaraciones.