Rodrigo Medina de la Cruz y su esposa Gretta Salinas respondieron por escrito a los cuestionamientos de la Subprocuraduría Anticorrupción sobre los bienes materiales adquiridos durante el sexenio en que gobernó Nuevo León.
El pasado 24 de enero, el ex mandatario acudió a la dependencia que encabeza Ernesto Canales atendiendo a un citatorio donde le enteraron que la Contraloría abrió una carpeta de investigación por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, las cuales constituirían el presunto delito de incremento patrimonial. Su esposa hizo lo propio el 2 de febrero.
Después del plazo que les dieron a ambos, fuentes allegadas a la defensa informaron que Medina y su esposa presentaron en su respuesta la justificación de los cheques con que pagaron la vivienda ubicada en una colonia privada del municipio de Santiago.
Cabe señalar que el padre del ex mandatario, Humberto Medina Ainslie, también fue citado por el mismo caso el 30 de enero, por lo que aún tiene tiempo para contestar a la Subprocuraduría Anticorrupción.
En base a las respuestas de la familia Medina, se determinará si se sustentan los señalamientos realizados por la Contraloría o el caso pasa al ámbito penal.
En el otro de los casos que enfrenta Rodrigo Medina de la Cruz, que es la vinculación a los presuntos delitos de peculado y daño patrmonial, la fiscal que lleva el caso pidió la ampliación del plazo de cierre de investigación, por lo que el área de Gestión Judicial de del Poder Judicial del Estado de Nuevo León citó a ambas partes este viernes 24 de febrero en el Palacio de Justicia.
Fue esta segunda vinculación, ocurrida el 25 de enero, la que llevó al ex gobernador al penal del Topo Chico durante unas horas como medida prevención solicitada por la fiscal.
En tanto, las autoridades no han determinado el proceso que seguirán luego de que la defensa de Medina de la Cruz obtuvo un amparo que tumbó la vinculación al primero de los delitos que le imputaron que es el de ejercicio indebido de funciones.