Senado aprueba reformas a Ley Nacional de Ejecución Penal

El proyecto de decreto busca reestructurar el sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo,  la educación, la salud y el deporte.
El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, aceptó que en Coahuila existe reincidencia en reos con proceso en libertad.
(Jesús Quintanar)

Ciudad de México

Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene como objetivo reestructurar del sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. 

Al presentar la dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, destacó que el nuevo modelo se aleja de la “vieja escuela” de readaptación social, que data de 1971, para transformarse en un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y de desarrollo de la delincuencia, es decir, “la escuela del crimen”. 

El dictamen se aprobó con 114 votos a favor y 0 en contra, y se realizaron algunas modificaciones al texto aprobado la semana pasada en comisiones, principalmente relacionadas con presupuesto. 

Ahora, la autoridad penitenciaria contará con un plazo de cuatro años (en lugar de dos), a partir de la publicación del decreto, para capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como adecuar su estructura organizacional. 

El documento establece que podrán acceder de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la posesión, sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, (es decir 5 kilos) en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos”. 

Con estas modificaciones se precisa que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizará la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, “conforme a su presupuesto”. 

Otro de los cambios al dictamen señala que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la Ley para el Poder Judicial Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas. 

La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal también establece que puedan acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión del delito de robo, cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado ningún tipo de violencia. 

Mientras que, las mujeres privadas de la libertad deberán tener acceso a derechos específicos de su género, así como de condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios. Y aclara que las mujeres podrán recibir trato de personal penitenciario femenino, atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, en caso de que permanezcan con sus madres. 

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña informó que alrededor del 40 por ciento total de la población penitenciaria se encuentra privada de su libertad en calidad de procesados, “sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país y sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia, eso es realmente un problema. Muchas de estas personas, si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todos deseamos podrían y deberían estar enfrentando su proceso en libertad”. 

Por la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar resaltó que la ley sienta las bases para el tratamiento de las personas privadas de la libertad que modificará y enfocará los vicios del régimen penitenciario actual.