Necesaria, una segunda reforma en DH: Angélica de la Peña

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió propuestas de organizaciones civiles para mejorar leyes de derechos humanos.
La senadora del PRD Angélica de la Peña se reunió con integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
La senadora del PRD Angélica de la Peña se reunió con integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. (Tomada de Twitter / @NvaIzq)

Ciudad de México

La senadora del PRD Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se reunió con integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social a fin de escuchar sus inquietudes y recibir sus propuestas acerca del dictamen de leyes secundarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución.

Dicho dictamen se retiró en el pasado periodo ordinario de sesiones, ante la solicitud de llevar a cabo un proceso de consulta sobre el particular entre la academia, sociedad civil y órganos de gobierno.

“Todo parece que tenemos que ir a una gran reforma en materia de derechos humanos, otra segunda reforma estructural de nuestra constitución,” destacó la legisladora al observar que la reforma del 11 de junio de 2011 no está cumpliendo con las expectativas.

De la Peña Gómez destacó el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con la defensa y protección de los derechos humanos, así como la importancia de su papel en el proceso de diseño de las leyes en la materia.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, subrayó que en su forma actual, el dictamen contiene cláusulas que abren la puerta para que el Ejecutivo se extralimite en sus funciones relativas a la suspensión de derechos.

Al respecto, manifestó que debe quedar claro que el titular de este Poder únicamente puede llevar a cabo actos administrativos y no cuestiones legislativas.

Señaló que el proyecto contiene supuestos de restricción y suspensión no autorizados, ni por la Constitución ni por los tratados internacionales de los que México es parte; además de que es necesario ampliar el catálogo de derechos que no están sujetos a suspensión.

Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apuntó que se deben establecer medidas restitutorias adecuadas que, por un lado, reparen a la sociedad los daños ocasionados por la suspensión o restricción de garantías y, por otro, desincentiven al Ejecutivo de utilizar estas medidas.

Refirió que el dictamen contiene definiciones de gran relevancia sobre cuestiones de invasión, perturbación grave y grave peligro, que no están debidamente abordadas en la Constitución y que, por ende, permitirían el abuso por parte de la autoridad Ejecutiva.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reflexionó acerca de la posibilidad de llevar a debate la redacción del artículo 29 constitucional, que, dijo, data de 1857. Es prudente considerar la pertinencia de las medidas de suspensión en un constitucionalismo moderno y de ser así cuáles serían sus parámetros, advirtió.

Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que el objetivo del Frente es monitorear, informar e incidir en todos los aspectos relacionados con el derecho de los ciudadanos a la protesta civil pacífica, a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la defensa de los derechos humanos interrelacionados con estas garantías.