Senado urge a frenar arbitrariedades en cárceles

Los senadores pidieron a las autoridades emprender acciones urgentes para prevenir y erradicar violaciones a los derechos humanos de los internos y los llamados autogobiernos en los reclusorios.
El Reclusorio Oriente es uno de los que presenta problemas más graves de sobrepoblación, según el diputado local perredista Iván Texta Solís.
El Reclusorio Oriente es uno de los que presenta problemas más graves de sobrepoblación, según el diputado local perredista Iván Texta Solís. (Tomada de Facebook)

Ciudad de México

El Senado llamó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a autoridades estatales encargadas del sistema penitenciario emprender acciones urgentes para prevenir y erradicar violaciones a los derechos humanos de personas recluidas en el país.

La asamblea les solicitó atender especialmente las diversas condiciones estructurales que incentiven la violencia y los llamados autogobiernos en los reclusorios.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas en los estados, fortalecer los programas de prevención y atención dirigidos a las personas que están presas.

Requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un reporte sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido en materia penitenciaria.

En un dictamen aprobado por la asamblea, en votación económica, se comentó que la CNDH, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, ha constatado la situación y urgente atención de la realidad que padecen las personas privadas de su libertad procesadas o sentenciadas en casi todos los centros penitenciarios del país.

Indicó que los problemas que adolecen las cárceles son autogobierno, cogobierno, sobrepoblación, hacinamiento, falta de atención e higiene en las instalaciones, inadecuada alimentación, desatención y falta de precisión jurídica, entre otras.

Para los senadores, esa realidad constituye una grave problemática de inseguridad pública, que trasciende a la vulneración estructural de los derechos fundamentales de las personas encarceladas, pero que además se extiende a los visitantes y familiares, lo que nulifica la protección de las garantías.