A realidad violenta, Veracruz suma atentado a ILE

A la convulsión social y de violación a los Derechos Humanos en el estado, el gobernador Javier Duarte toma la batuta para negar el derecho al aborto.


Mientras Veracruz se hunde en una fosa de desapariciones forzadas y asesinatos de mujeres, periodistas y activistas, el gobernador de la entidad, Javier Duarte, y el Congreso local aprobaron en primera vuelta una reforma constitucional para proteger "la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural".

Sin debate alguno y con una mayoría de 38 votos a favor y seis en contra, este 21 de enero el Congreso estatal avaló vía "exprés" la iniciativa presentada por el mandatario local para reformar el artículo cuarto de la Constitución que en el fondo busca criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.

Desde que el priista Duarte asumió como gobernador en 2010, el estado se colocó como uno de los más violentos, pues todos los días se sabe de agresiones a la prensa, asesinatos, casos de feminicidio o, lo más grave, desapariciones de personas a manos de las fuerzas de seguridad.

La reforma Provida del gobernador llega justo cuando la opinión pública repudia la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, y cuando el oficialista PRI elige al senador Héctor Yunes Landa como candidato para competir por la gubernatura en las elecciones de junio próximo.

De acuerdo con Carolina Ramírez, de la Red de Mujeres Veracruzanas, la propuesta de reformar la Constitución local para proteger la vida se venía trabajando desde 2010, pero los grupos de feministas ya se habían organizado para frenarla, aunque esta vez ni siquiera hubo oportunidad de diálogo con el Poder Legislativo.

Incluso, apunta, parece que cuando hay un tema candente como la desaparición de personas, el gobierno estatal aprovecha para sacar esta iniciativa en vez de tomar acciones para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, evitar el feminicidio o los asesinatos de periodistas.

Si en algo coinciden los grupos civiles es en que existe una diferencia entre la protección de un bien jurídico como la vida y la protección de derechos. "Los derechos son para las personas ya nacidas", han señalado Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Akelarre, Equifonía y Redefine.

La reforma que impulsó Duarte no representa las acciones a favor de la seguridad y la vida de las mujeres que su gobierno está obligado a realizar, afirma Aracely González Saavedra, representante legal de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres.

De hecho —en su opinión— parece que el gobernador usó esta reforma para "desquitarse" por la creación del Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en Veracruz, y que el pasado 14 de enero presentó sus recomendaciones al Ejecutivo local, las cuales, de no cumplirse, pueden derivar en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

"Es un atentado contra nuestros Derechos Humanos (DH), justo en este contexto en Veracruz, en el que en los últimos años se incrementó la violencia feminicida. La gran ocurrencia (del gobierno del estado) es impulsar una reforma constitucional para incrementar la criminalización de las mujeres que están tomando la decisión de interrumpir su embarazo", señaló.

Estado convulso

González apunta que la administración de Duarte es la "peor para las mujeres"; sin embargo, critica que el mandatario "solo promueva medidas que sabe que generan debates, que generan opiniones encontradas. Nos parece que es una burla".

Para la activista, el incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad es consecuencia de la inacción de las autoridades para atender y procurar las denuncias de las víctimas, y la falta de presupuestos para echar a andar programas y mecanismos para erradicar este flagelo, además de la impunidad prevaleciente en el estado.

Duarte no había cumplido ni un año en el poder cuando el 23 de septiembre de 2011 el cuerpo sin vida de Gabriela Arlene Benítez Ibarra, de 17 años, fue encontrado en estado de descomposición en la reserva Molinos de San Roque, en Xalapa, la capital veracruzana.

A decir de activistas que siguieron el caso, este feminicidio fue emblemático, porque desde la desaparición de la joven las autoridades judiciales declararon que "se había ido con el novio o tenía problemas con la madre", e iniciaron la búsqueda semanas después.

Un mes antes de este hecho, el Congreso local —obligado por grupos civiles— había aprobado reformas legislativas para tipificar el delito de feminicidio, mismas que cuatro años después son "letra muerta" ante el grave clima de violencia contra las mujeres.

El 9 de septiembre de 2015, la organización Equifonía presentó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de AVG para Veracruz.

En ese mismo mes se conformó el grupo de trabajo que investigaría la violencia feminicida en el estado, cuyo informe y recomendaciones se entregaron al Ejecutivo el pasado 15 de enero.

Entre las recomendaciones destaca que no hay un registro confiable de la violencia contra las veracruzanas, ni información de la fiscalía y otras dependencias que deberían atender la violencia de género.

Asimismo, menos de la mitad de los asesinatos y desapariciones de mujeres se han esclarecido, por lo que se exige la integración de un registro estatal con indicadores precisos.

Durante los tres primeros años de gestión de Duarte (2011-2013), cada mes se presentaron al menos ocho casos de feminicidio en la entidad; en 2012, 95 veracruzanas fueron asesinadas y un año después 92 mujeres perdieron la vida, según datos del grupo de trabajo.

En 2014 hubo 74 casos de feminicidio; en 2015, 93 mujeres fueron asesinadas en 49 municipios y 156 desaparecieron, lo que contrasta con las 88 de un año atrás.

Pese a las cifras que el gobernador lleva a cuestas, desatiende a las familias de las víctimas, por ejemplo al no asistir a una reunión con Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, encuentro pactado desde octubre, cuando ella lo increpó públicamente por la inacción en la búsqueda de su hija, así como de otras personas desaparecidas.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres advierten que, de aprobarse en segunda vuelta, la reforma constitucional generaría un clima de criminalización y hostigamiento contra quienes deciden interrumpir su embarazo, y las víctimas de violencia sexual.

Llamaron al gobernador a cumplir su obligación de proteger los DH de las veracruzanas y asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de salud.

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