¿Qué dice la nueva Ley de Víctimas?

El eje central de la Reforma a la Ley de Víctimas es facilitar los recursos a organizaciones y víctimas ¿pero qué ha cambiado en concreto respecto a la legislación anterior?
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El pleno del Senado aprobó este viernes las reformas a la Ley de Víctimas. (Especial )

Ciudad de México

La reforma a la Ley de Víctimas plantea dar mayor autonomía a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y facilitar la atención a las personas que vieron afectados sus derechos humanos.

Para el senador del PRD y secretario de la Comisión de Gobierno, Armando Ríos Piter, el eje central de la reforma a la Ley de Víctimas es facilitar los recursos a las organizaciones que tenían que realizar una serie de trámites administrativos para acceder al Fondo de Víctimas.

Ayuda a Víctimas

En sí, la ley indica en su artículo 8 que las víctimas podrán acceder a medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata con el fin de garantizar sus necesidades de "alimentación aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras".

Además, establece que las víctimas de delitos que atenten contra la vida, la integridad y la libertad recibirán atención médica y psicológica especializada.

En caso de que la autoridad no pueda garantizar los servicios a la víctima, la ley autoriza a ésta a acudir a un centro privado y cargar los gastos al Fondo de Atención a Víctimas o al Fondo Estatal, según sea el caso.

El artículo12 permite cargar a los fondos de víctimas la asesoría legal, peritajes internacionales u opinión de expertos siempre y cuando no haya personal capacitado en el país; sin embargo, el senador Ríos Piter indicó que se necesita una mayor precisión sobre el término peritaje para dar mayor certeza a la víctima.

También, se establece que las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva, cuando las comisiones estatales hubieren prestado atención deficiente o ésta seles negase.

Autonomía de las comisiones

En cuanto al funcionamiento de la Comisión Estatal y la Comisión Ejecutiva, se les dota de mayor autonomía de gestión para atender las víctimas.

Además, otorga a la CEAV de personalidad jurídica, con lo que podrá contar con patrimonio y recursos propios.

Se establece que las entidades contarán con una comisión propia, un fondo de atención, y un registro de víctimas, cuya información tendrá que ser reportada al registro federal.

Con el fin de transparentar las decisiones, el artículo 84 establece que la CEAV estará compuesta de: una Junta de Gobierno, un comisionado ejecutivo y una Asamblea Consultiva.

La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno estará encabezada por un representante de la Secretaría de Gobernación y conformada por un miembro de las secretarías de Hacienda, Educación, Salud, cuatro representantes de la Asamblea Consultiva y el titular de la Comisión Ejecutiva.

Para el senador Armando Ríos Piter, el que autoridades gubernamentales participen en la Junta de Gobierno "le resta autonomía ya que las víctimas consideran que hayuna intrusión del gobierno cuando la violencia tiene que ver con la corrupción de la actividad gubernamental."

La Asamblea Consultiva

Es un órgano de opinión y asesoría para la creación de políticas públicas y programas, la cual está conformada por nueve representantes de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, quienes serán electos por la Junta de gobierno.

El comisionado ejecutivo

El comisionado será nombrado por el Presidente previa consulta con los colectivos de víctimas y deberá ser ratificado por el Senado.

Además, se establece que para ser comisionado se debe tener una experiencia mínima de dos años en la materia, tener un título profesional y no haberse desempeñado en un cargo de dirección en algún partido político.

El comisionado será elegido para un periodo de cinco años sin posibilidad de reelección.

Registro de Víctimas

El registro de víctimas es la unidad encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional y local.

La ley establece que la federación y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.