Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, aseguró que la campaña del gobierno federal contra este instituto político "ha tomado tintes de ciencia-ficción, pues de acuerdo con la carpeta de investigación que levantó la PGR en contra de algunos de nosotros, uno de los cargos es financiar al terrorismo".
Además, afirmó que el PT ha recibido amenazas por parte de la federación para abandonar la coalición con Andrés Manuel López Obrador y Morena rumbo a 2018, "a cambio de dejar este asunto de lavado de dinero por 100 millones de pesos".
Ante ello, el petistas pidió que se forme una comisión, "ya sea en la Cámara de Diputados o Senadores para que se auditen todos los documentos donde se habla de financiamiento público para los 13 Centros de Desarrollo Infantil del Frente Tierra y Libertad que opera nuestro partido".
Al mostrar el "Volante 38922" (del cual MILENIO tiene copia) integrado en la carpeta de investigación por parte del Control y Seguimiento de Documentación Externa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, fechado el 10 de agosto de 2017, en donde se menciona al propio Anaya, su esposa, María Guadalupe Rodríguez y cinco personas más como sujetos a investigación por "operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismos", el líder petista, dijo:
"Esto no es posible, estamos regresando al autoritarismo, y todo porque el PT no piensa igual que el Federalismo, por lo que retamos al Gobierno a que de manera abierta se haga una revisión exhaustiva de todo el ejercicio fiscal desde sus orígenes. El PT está limpio y máas seguro que nunca de seguir en coalición con Andrés Manuel López Obrador y Morena. ¿Terrorismo?, ¡no puede ser!, esa ficción sólo está en la cabeza del gobierno", ironizó.
Insistió que "(Enrique) Peña Nieto quiere desviar la atención del tema Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, porque estaba indagando el posible financiamiento de la compañía Odebrecht a su campaña presidencial y ahora nos ataca sin tomar en cuenta que a quien en verdad daña es a los más de 5 mil niños que atienden los Cendis en Nuevo León".
En tanto, Óscar González Yáñez, quien forma parte de la Comisión Ejecutiva del PT, mencionó que el cargo de "operaciones de procedencia ilícita", no tiene base, y mostró el documento, donde la Secretaría de Educación Pública federal, recibió la solicitud de 100 millones de pesos por parte del Gobierno de Nuevo León como "Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable Programa Presupuestario U031 Fortalecimiento de la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil".
"Este dinero no puede ser de procedencia ilícita toda vez que viene del gobierno federal. Y aquí está este oficio (del cual MILENIO tiene copia) firmado por el propio Gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; su secretario general de gobierno, Manuel Florentino González Flores; el secretario de finanzas y tesorero general, Carlos Garza Ibarra y el secretario de educación de la entidad, Arturo Estrada Camargo".
Dijo que todas las partidas que se le asignan a los Cedis, "han sido auditados desde su primer ejercicio por la Contraloría de Nuevo León y la SEP federal, pues se trata de un convenio de transferencia del gobierno de Nuevo León y dicha secretaría orientado a la educación, ¿dónde está lo ilícito?".
Respecto de la defensa que se hará para "limpiar el nombre de nuestro compañero Héctor Quiroz, dirigente estatal en Aguascalientes, detenido por la PGR el pasado lunes en dicha entidad como presunto responsable de lavado de dinero, el ex candidato a la gubernatura en el Estado de México, expuso:
"Ya preparamos una contraofensiva porque nuestro compañero está limpio de cualquier cargo que se le impute. El sábado tiene una audiencia y por lo pronto está en Aguascalientes preparándose para ella".
Especificó que "el PT es el primer interesado en que toso esto se aclare y quede limpio de toda investigación por lo que exigimos esa comisión en la Cámara de Diputados o Senadores para transparentar lo que sea necesario".
Por su parte, Magdalena Núñez, aseguró que desde el 8 de diciembre de 2010, cuando se publicó en el diario oficial del Estado de Nuevo León, los CENDIS pasaron a formar parte de la Secretaría de Educación Pública de la entidad y se reconoció la validez de estudios iniciales y preescolar, de 45 días de nacido a 6 años.
"Todos bajo la dirección de la maestra María Guadalupe Rodríguez y con clave oficial, por lo que el origen de los recursos es del presupuesto del gobierno del Estado".
