Sin debido proceso, 80% de los indígenas recluidos

Según la CNDH, 8 mil 334 miembros de más de 100 grupos étnicos pagan condenas por homicidio, violencia intrafamiliar, violación y secuestro, pero la mayoría no sabe por qué se le sentenció y no ...
Teresa González fue acusada de secuestrar a federales; la Suprema Corte la absolvió en 2010.
Teresa González fue acusada de secuestrar a federales; la Suprema Corte la absolvió en 2010. (Octavio Hoyos)

México

La mayoría nunca entendió de qué se le acusaba. Más de 8 mil indígenas de distintas etnias purgan sentencias en centros penitenciarios estatales y federales sin acceso a una justa defensa y en franca violación al debido proceso.

Miembros de más de 100 grupos étnicos, entre los que destacan náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapotecos y mixtecos, pagan condenas por homicidio, violencia intrafamiliar, violación y secuestro, quienes firmaron sus sentencias sin un intérprete y sin entender ni hablar español.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que de 8 mil 334 indígenas presos en el país, de los cuales 327 son mujeres y 8 mil 7 hombres, en 80 por ciento de los casos se violó el debido proceso.

La cuarta visitadora, Laura Escandón, aseguró que la mayor parte de esos casos pertenece al fuero federal y que Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz albergan a 50 por ciento de los indígenas en prisión, es decir, 4 mil 134. “El 80 por ciento de los internos que entrevistamos nos dicen ‘no sé por qué estoy aquí’, que no fueron asistidos por un defensor y que no hablan español”, comentó.

La visitadora explicó que “si se documenta y acredita que no tuvieron acceso a un defensor que conozca su lengua y sus costumbres, y que no entienden el español y no tuvieron conocimiento de todo lo que son los derechos humanos y garantías contenidos en el artículo 20 constitucional, que es el debido proceso, por supuesto que son vicios y violaciones procedimentales que obligan, si están sentenciados, a salir en libertad”.

En el informe de enero a junio de 2014, con información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, la CNDH reportó que se han otorgado 53 libertades anticipadas a sentenciados indígenas, 51 a favor de hombres y solo dos a mujeres.

Sin embargo, entraron a revisión 540 casos y el mismo número de escritos de reclusos indígenas que ameritan la apertura de expedientes para el cumplimiento de las penas de prisión, asesoría para promover recursos en sus causas penales y conocimiento sobre la defensa pública, entre otros asuntos que gestionó la CNDH.

La crisis en defensores de oficios de lengua indígena resalta en los reclusorios oaxaqueños de Santo Domingo Tehuantepec y San Juan Bautista Tuxtepec, así como en la penitenciaría de Santa María Ixcotel, donde hay mil 132 indígenas presos, los cuales son orientados por solo 81 defensores de oficio, 37 de ellos titulados y 44 pasantes, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa Indígena estatal.

En Oaxaca no existen peritos traductores en lenguas indígenas para que asistan a los presos ante los tribunales; caso que se replica en todo el país.

El año pasado, la CNDH realizó mil 260 trámites a favor de indígenas y logró la libertad de 121, entre ellos el profesor chiapaneco Alberto Patishtán, al que se le otorgó un indulto en octubre del año pasado tras pasar 13 años en prisión por un delito que no cometió.

“Creo que es falta de sensibilidad total y absoluta con la población indígena. No tienen defensores que conozcan sus lenguas y sus costumbres”, comentó Escandón.

Los delitos del fuero federal por los que purgan condena 702 indígenas son por portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y violación a la Ley General de Población, mientras que en el ámbito del fuero común, con 7 mil 632 indígenas presos, los ilícitos más frecuentes son robo, violación, lesiones y violencia intrafamiliar.

De las 53 libertades anticipadas, 12 aplicaron al fuero federal y 41 al fuero común, siendo beneficiadas las comunidades tzotzil, con 21; náhuatl, con 11, y tzeltal con cinco.

Los estados que más libertades han otorgado con la revisión de los procesos jurídicos son Chiapas, con 23 en el fuero común y ninguna en el federal; y el Distrito Federal, con seis en del fuero común, ninguna del federal. Destaca el caso de Nayarit, donde se concedieron 12 libertades, todas del fuero federal.

La CNDH reveló que solo ha podido revisar 964 casos y ha brindado asesorías jurídicas a 8 mil 334 indígenas en reclusión, es decir, solo ha estudiado 15 por ciento de los casos.

A través del Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión se impulsa la defensa de las garantías de los indígenas, en su mayoría encarcelados en Chiapas (mil 247), Oaxaca (mil 132), Puebla (mil 28), Veracruz (727), Guerrero (560), Distrito Federal (485), Hidalgo (329), San Luis Potosí (326), Nayarit (276) y Yucatán (262).

Pero el tema que más alarma a la CNDH es el de los casos que suceden en el Complejo Penitenciario de las Islas Marías, Nayarit, donde hay 84 indígenas recluidos, de los cuales, “advertimos, dos no hablan español y no participan en eventos a los que tienen derecho”, por lo que se viola flagrantemente el debido proceso.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el derecho a la justicia se estipula en la Constitución en los artículos 1 y 2, que reconocen tratados internacionales, los cuales son ignorados.