La diputada federal priista y ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, el regidor Salvador Ramírez Argote, el dirigente municipal del PRI, Denny Méndez y el ex director de Instituto de la Juventud en la administración barbarista, Luis Javier Aviña Bueno, denunciaron nuevamente persecución política por parte del PAN-Gobierno.
“Para unos hay todo el perdón, toda la omisión, como hemos estado viendo en pastas y cereales finas en el caso de la campaña más cara que hemos pagado los guanajuatenses, la precampaña para Diego Sinhué, como estamos viendo que al Secretario de Turismo le están dando una sanción irrisoria y muchos casos más”, acusó la diputada federal.
Esto luego de que de Aviña Bueno fue detenido este miércoles por la Procuraduría General de Justicia, en atención a una orden de aprehensión girada por un juez, debido a una denuncia de presunto abuso de poder.
Aparentemente esta denuncia está vinculada con la filtración de una grabación de audio ocurrida en el año 2015, en la que el entonces director del Fideicomiso para la Promoción Juvenil solicitaba entre el 5 y 10 por ciento del sueldo de empleados para no correrlos y con ello financiarse su campaña a diputado local por el distrito VI.
En su defensa durante una rueda de prensa, Aviña Bueno señaló que nunca fue notificado de que estaba bajo investigación y tampoco citado a declarar, asimismo, expuso que la denuncia no fue puesta por la contraloría municipal, sino por el representante legal de PAN estatal.
Por ello calificaron la acción como una persecución política y criticaron que se dediquen tantos esfuerzos en perseguir a contrincantes políticos y son numerosas las omisiones en la persecución de criminales.
“Jamás fui notificado de que había un procedimiento en mi contra, asimismo comentarles que jamás se me ha pedido acudir a declarar, el día de hoy se gira esta orden de aprehensión, lamentablemente no puedo dar más detalles del proceso (...) Estoy molesto por el uso que se le da a las instituciones estoy cansado y me duele mucho por los temas de la familia”, comentó el ex funcionario.
El ex director municipal estuvo preso por algunas horas y tras pagar una fianza de 57 mil pesos por posible reparación del daño, salió libre y ahora enfrentará su proceso en libertad, de ser encontrado culpable podría ser sentenciado a entre 2 y 8 años de prisión.
